PRIMERAS NOTAS SOBRE FISCALIDAD



EL LEGADO DE LOS GOBIERNOS DEL PP

La política fiscal de los últimos años de gobierno del Partido Popular (PP) se caracterizó por el equilibrio nominal en las cuentas públicas, por la proclamación del déficit cero como principio rector de la política económica y por reformas tributarias regresivas. Pero lo cierto es que la falta de transparencia y claridad en las cuentas públicas y el desprecio de los gobiernos del PP al Parlamento en su labor de control al ejecutivo, han obstaculizado conocer con mínimas garantías la realidad de la política económica del Sector Público.

Las críticas y propuestas de IU han intentado superar la virtualidad del supuesto déficit cero para abordar las verdaderas consecuencias de la política fiscal conservadora. Porque, déficit cero o no, los años de expansión económica se han aprovechado para reducir el peso del gasto público en la economía y disminuir los impuestos directos -en mayor proporción a las rentas más elevadas y a los rendimientos del capital- consolidando un proceso de divergencia social con la Unión Europea (UE) y sin contribuir a superar las deficiencias de la economía española.

La necesidad de mayores dotaciones de capital público en nuestra economía, los déficits sociales, o el hecho de que la presión fiscal esté muy por debajo del promedio comunitario, son consideraciones que han estado alejadas del debate en política fiscal. Porque el equilibrio presupuestario y las regresivas reformas fiscales han impedido potenciar la inversión pública y el equilibrio territorial, fortalecer la cohesión social o invertir suficientemente en educación e investigación; políticas públicas que contribuyen a aumentar la productividad global, el empleo de calidad y la capacidad de crecimiento de nuestra economía.

Aún más, una política fiscal de corte conservador como la articulada en nuestro país no permite disponer de márgenes de maniobra para atender los cambios demográficos del futuro y las necesidades sociales que de ellos van a desprenderse. Además de la distribución injusta de la carga fiscal entre los ciudadanos que han provocado las reformas fiscales, el coste en términos de recaudación es significativo. Pensemos simplemente que el coste de las dos reformas del IRPF asciende anualmente a no menos de 7.800 millones de euros (1,3 billones de antiguas pesetas).

Como decimos, esta política fiscal ha sostenido las carencias de nuestro país en educación, sanidad, acceso a una vivienda, servicios sociales, infraestructuras sostenibles, investigación, o prestaciones sociales con carácter general. Es suficiente con señalar que el crecimiento del gasto en protección social por habitante desde 1996 ha sido en España inferior que en la UE-15 y que el gasto social en nuestro país se ha reducido en esos años 2 puntos del PIB, el doble que en la UE-15. De la misma forma, los stock de capital humano (formación) y capital público (inversión pública) no han avanzado como requiere la situación relativa de nuestra economía, y el gasto en investigación continua a una distancia enorme de los parámetros comunitarios. Después de años de propaganda, el gasto en I+D+i apenas significa 1% del PIB, frente al 2% promedio de la UE y al 3% fijado como objetivo para el conjunto de la UE en 2010.

Desde IU hemos cuestionado la política fiscal conservadora conformando alternativas que consideraban la utilización del déficit público como instrumento de política económica frente al dogmatismo del equilibrio presupuestario. Pero en ningún caso hemos planteado solucionar los problemas de nuestra economía o nuestros déficits sociales a golpe de déficit público. Hemos trazado propuestas a medio plazo para contar con una estructura de ingresos suficiente para financiar las políticas de gasto público que propugnamos.

Porque muchas de las políticas que creemos necesarias para cambiar el patrón de crecimiento de nuestra economía precisan un apoyo público decidido e ingresos públicos suficientes.


EL NUEVO GOBIERNO DEL PSOE

Sólo podemos desear que el cambio de gobierno produzca un punto de inflexión efectivo en política económica para superar el modelo de costes laborales reducidos, empleo de baja calidad y desconvergencia social que han consolidado los gobiernos del PP.

Compartimos con el nuevo gobierno y con el PSOE su objetivo declarado de mejorar nuestra protección social y apostar por un modelo productivo más sólido, y también que los bajos niveles de productividad de nuestra economía son una rémora para el desarrollo social y la competitividad de nuestras empresas. Falta comprobar si esto es compatible con la propuesta fiscal que vaya articulando el gobierno (indefinida todavía en su teórica reforma tributaria) y con la política presupuestaria que articule en esta legislatura.

El gobierno se ha comprometido a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la que sacraliza el déficit cero, para que las Comunidades Autónomas adquieran cierto grado de flexibilidad y hagan mejor uso de sus competencias en materia fiscal. No es una cuestión menor, pero lo cierto es que el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de Administraciones Públicas para los años 2005-2007 ha sido aprobado en las Cortes, y en él se comprenden superavits presupuestarios del 0,1%, 0,2% y 0,4% del PIB, respectivamente, en esos años.

El gobierno, en sus primeros Presupuestos, afirmaba que junto a la estabilidad presupuestaria, los Presupuestos para 2005 tendrían como prioridades un conjunto de acciones encaminadas a dinamizar la economía y a aumentar la cohesión social. Estas prioridades son la educación, la investigación, desarrollo e innovación, la mejora de los niveles de protección social, el impulso de los servicios públicos básicos como la seguridad ciudadana y la Administración de Justicia y las infraestructuras.

La cuestión es desarrollar estas prioridades dentro del marco de la estabilidad presupuestaria. En este sentido, el gobierno considera1 imprescindible, “en primer lugar, un gasto público más eficaz y eficiente de forma que se puedan ofrecer más y mejores servicios públicos sin incrementar el gasto y, al mismo tiempo, se creen márgenes para reasignar los recursos a favor de aquellas actuaciones que se consideren prioritarias. Será necesario, además, redirigir recursos de las áreas que no son prioritarias a las que lo son y, en general, controlar el crecimiento del gasto”.

Evidentemente es posible reorientar parte de la política presupuestaria sin necesidad de alimentar el déficit público u obtener más ingresos. Se puede ahorrar en unas partidas y destinar más recursos a otras, o cambiar la composición de los programas de gasto sin variar sus recursos. Y, desde luego, debe ser un criterio general que el gasto público sea más eficaz y eficiente. Pero con estas actuaciones, los márgenes de maniobra son muy limitados y no podemos olvidar que buena parte del gasto público (más del 60%) es gasto comprometido difícil de corregir.

El gobierno espera para 2005 un crecimiento medio de la economía cercano al 6% en términos nominales (con inflación) y se pretende que el gasto público no crezca más allá para mantener constante su peso en el PIB. Esto traduce una de las restricciones que el programa del PSOE consideraba imprescindible cumplir; a saber, que el peso del sector público en la economía no sobrepasará los límites actuales en el conjunto del ciclo económico (el 40% del PIB al que llegó la política de los gobiernos del PP). La segunda restricción del programa socialista es no aumentar la presión fiscal.

Cierto continuismo en política fiscal parece asegurado y ha sido el propio Solbes, en diversas apariciones públicas, quien se ha encargado de rebajar las expectativas de procurar avances sólidos en política social; avances que también aparecen en la oferta programática del PSOE pero que chocan frontalmente con las restricciones antes mencionadas.

El programa socialista habla de la necesidad de converger progresivamente con los niveles medios europeos en gasto social per cápita, cuestión que compartimos porque en los últimos años se ha producido una divergencia social con relación a la UE-15. España se está acercando en renta per cápita al 90% del promedio, pero el gasto social por persona sólo equivale al 60% del mismo. Así, se hacen continuas referencias a las brechas sociales que soportamos, medidas tanto en gasto por persona como con referencia al PIB, y se apuesta por ir superándolas en esta legislatura.

Valgan como ejemplos de la oferta socialista el aumento del gasto público por alumno en todos los niveles del sistema educativo hasta alcanzar la media comunitaria, la creación de suficientes plazas públicas para atender niños menores de tres años, garantizar servicios públicos a las personas con dependencia o discapacidad, converger en gasto público sanitario, aumentar el gasto en prevención de la exclusión hasta el porcentaje sobre el PIB que dedica la UE-15, o mejorar la cuantía de nuestras pensiones. Y podríamos continuar con otros capítulos del gasto público, como la recuperación progresiva por los empleados públicos del poder adquisitivo que han perdido en los últimos años, aumentar el porcentaje del PIB destinado a seguridad pública, mayores recursos para la justicia, o el aumento progresivo en la inversión de las políticas de investigación.

Sólo para esta legislatura, las propuestas del programa electoral del PSOE que se materializan en mayor gasto público suponen varios puntos del PIB. Incluso aceptando teóricas reorientaciones en el gasto, compatibilizar todo ello con la congelación del gasto público en proporción al PIB, el mantenimiento de la presión fiscal, la incierta reforma prevista en el IRPF y los superavits presupuestarios programados, es harto complicado.


IU ANTE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FISCAL

Desde IU hemos abordado los primeros presupuestos del gobierno socialista considerando algunos factores que van más allá de los propios contenidos presupuestarios, concluyendo que no podíamos asumir la responsabilidad de presentar o apoyar una enmienda de totalidad de devolución (motivos había) que supondría el bloqueo, al inicio de la legislatura, del primer Presupuesto del gobierno socialista con cierta sensibilidad social y todavía condicionado por los compromisos de anteriores gobiernos. Pero, evidentemente, no son los Presupuestos de IU. Los hemos considerado como de transición, con cierta autocontención en la crítica, dando un “voto de confianza” al gobierno socialista recién llegado al poder.

Como ya hemos comentado, cierto continuismo estaba asegurado porque los márgenes de maniobra son limitados cuando buena parte del gasto está comprometido, opera el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y no se abordan reformas en los tributos que permitan mejorar la suficiencia de los ingresos. Así y todo, algunas partidas presupuestarias han mejorado nominalmente, como es el caso de la política de investigación, si bien su composición no es la adecuada porque continúa la deriva hacia el gasto militar y la utilización de la cuenta financiera para financiar actuaciones privadas. En materia de vivienda existe un impulso, pero estamos hablando de cantidades poco significativas (apenas el 0,1% del PIB). En educación, los créditos son insuficientes incluso para conseguir los compromisos educativos del gobierno, y en política social sólo podemos señalar, sin minusvalorarla, la subida de algunas pensiones. En el capítulo de la inversión pública, la inercia continua, porque la externalización y falta de transparencia no se abandonan, lo cual, por otra parte, era bastante previsible.

Fruto de la negociación con el gobierno y el Grupo socialista, se han logrado algunas mejoras en capítulos importantes para nosotros: incremento en las plantillas de inspección laboral, más recursos para atención a la dependencia, creación de un fondo municipal para la inmigración, incremento de la ayuda al desarrollo, y cierto impulso a las energías renovables y el ahorro energético. Pero sobretodo, hemos comprometido desarrollos legislativos que sí van a afectar a la política presupuestaria de aquí en adelante: reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, plan de lucha contra el fraude fiscal y reforma fiscal. Veremos sus contenidos y el alcance de estas iniciativas.

También es una buena noticia terminar con el abuso de la conocida como “ley de acompañamiento”, utilizada desde principios de los años 90 para aprobar, dentro del trámite presupuestario, normativas dispares y en muchos casos ajenas completamente al hecho presupuestario. Acabar con este cajón de sastre ha sido una reivindicación histórica de IU.

Pero hay que seguir avanzando en la claridad de las cuentas públicas, y la transparencia ha de informar la política presupuestaria. Esto significa rechazar la llamada “contabilidad creativa” utilizada para enmascarar, en mayor o menor medida, el déficit público. Además, en los últimos años, la opacidad se ha acentuado y hemos abordado Presupuestos que se han presentado con información no homogénea en las partidas de ingresos y gastos y sin avances completos de liquidación que imposibilitan las comparaciones entre distintos ejercicios. Esta cuestión es muy importante porque la descentralización administrativa en el ingreso y el gasto precisa cada vez más transparencia, además de instrumentos de participación y control con el apoyo y la coordinación de todas las Administraciones. Es la única forma de comprobar el efecto de la política económica del Sector Público en el conjunto del Estado.

A la hora de abordar los Presupuestos sería deseable, a través de una Memoria, disponer de la ejecución de las cuentas públicas consolidadas bajo un sistema homogéneo y con un detalle suficiente para facilitar su análisis, así como disponer de un Presupuesto consolidado para el conjunto de las Administraciones Públicas que complete la visión general de la política presupuestaria, y poder así además analizar el impacto que sobre la distribución de la renta se produce tanto desde el lado del ingreso como del gasto.

Una mayor coordinación entre el Estado y las Administraciones Territoriales es algo fundamental cuando las Comunidades Autónomas gestionan políticas de gasto muy importantes mientras que el Estado regula y legisla aspectos básicos de las mismas. Efectivamente, el traspaso de competencias y financiación desde el Estado a las Administraciones Territoriales afecta a políticas públicas de gran significado como los servicios sociales, la sanidad, la política de vivienda o la educación, pero esto no puede significar que la deseable mejora de estas políticas no cuente con los recursos precisos para su financiación.


Nuestras prioridades programáticas en materia presupuestaria serían:

Así pues la prioridad deber ser expresada de manera contundente en el sentido de la puesta en práctica de los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos en relación a la política presupuestaria2:

  1. Principios de capacidad de pago, igualdad y progresividad en los ingresos, que implica un sistema fiscal basado en estos principios y una recaudación que los lleve a la práctica.

  2. Principio de equidad, eficiencia y eficacia del gasto público.

Una política que no pretende abandonar la sostenibilidad de la política fiscal a largo plazo porque entendemos que, frente al déficit puntual de un ejercicio económico, lo importante es asegurar la capacidad de nuestra economía para consolidar ingresos suficientes en el futuro y mantener en niveles razonables la proporción de deuda pública en circulación con relación al PIB.

Una política, además, que debe contribuir a superar un modelo de crecimiento económico agotado e imposible de sostener a medio plazo. La realidad del euro, la incorporación de nuevos socios a la UE y la menor presencia en el futuro de fondos comunitarios agudizan las debilidades estructurales relativas de nuestra economía. Los moderados crecimientos de la productividad -inferiores a los de nuestros socios comunitarios- traducen deficiencias en las dotaciones de capital (público, humano y tecnológico), peores servicios sociales, insuficientes ritmos inversores (públicos y privados) y mayor precariedad laboral.

Una política, por último, que ha de corregir nuestro elevado déficit en protección social y recuperar como instrumento de política económica y social el papel del gasto público directo frente a las reducciones impositivas.

Mejorar consistentemente nuestra protección social, aumentar la provisión de bienes públicos o potenciar la inversión pública significa lograr una estructura de ingresos suficiente. La presión fiscal en España es inferior a la media comunitaria en más de 5 puntos del PIB y la mayor diferencia se sitúa en los impuestos directos (aproximadamente 3 puntos del PIB).

Con lo que han costado las reformas en el IRPF de los gobiernos del PP, prácticamente podríamos financiar el diferencial que nos separa de la UE en gasto social en atención a la familia. Y si existe un compromiso político decidido para luchar contra el fraude fiscal podríamos asegurar a corto plazo (y es una previsión conservadora) recursos que se situarían entre el 3 y el 3,8% del PIB, reduciendo a la mitad el diferencial que mantenemos en gasto social con relación al PIB con la UE.

Las reformas fiscales y la lucha contra el fraude que planteamos y que relacionamos con el avance en un verdadero proceso de convergencia real con la UE, se encuadran en un escenario a medio plazo y deben atender los ritmos que la realidad económica y social de nuestro país vaya permitiendo. La legislatura es un periodo razonable para programar estas cuestiones.

Pero a las carencias estructurales de nuestra economía (en materia social, ambiental o de capitalización) se suma una coyuntura complicada que parece traducir un agotamiento del modelo que ha basculado en exceso en los últimos años hacia la construcción y el endeudamiento familiar. Nuestra economía en 2004 va a crecer en el entorno del 2,6%, y las estimaciones para 2005 de un crecimiento del 3% son, hoy por hoy, demasiado optimistas. Porque para que se cumplan, el sector exterior ha de recuperarse y ello depende de que se confirme la reactivación mundial y en particular la europea, y de que los precios del petróleo vuelvan a niveles más digeribles. De la misma forma, se espera una aceleración de la inversión en bienes de equipo y del sector industrial que debe fundamentarse y también, que el consumo privado no pierda pulso, lo cual puede verse dificultado por el elevado endeudamiento privado.

Por todo ello, agotamiento coyuntural y necesidades estructurales, los Presupuestos para 2005, además de sociales, deberían haber empezado a contribuir al cambio de modelo, donde potenciar el capital tecnológico, humano e inversor se convierte en una prioridad.

Entendemos así que programar un déficit moderado permite ampliar los márgenes de maniobra para ayudar a financiar las políticas de gasto, fortalecer la recuperación de nuestra economía, y avanzar en el escenario plurianual de convergencia real.

Nuestra propuesta para esta legislatura podría resumirse, de forma orientativa y con criterios moderados, como sigue:

  1. Aproximar nuestros niveles de presión fiscal y gasto público al promedio de la UE-15, fijando objetivos de gasto e ingreso como porcentaje del PIB. Por ejemplo, al final de la legislatura la presión fiscal podría programarse en el 40% del PIB (desde el 36% actual) y el gasto público en el 45% del PIB (frente al 40% actual). Esto significaría admitir un déficit público anual en el entorno del 1% del PIB.

  1. El aumento de la presión fiscal y del déficit público se destinaría a las políticas de gasto público que estimamos como deficitarias. Cinco puntos del PIB de mayor gasto en esta primera legislatura que pretendemos sea de cambio social y económico, permiten cerrar parcialmente la brecha social con la UE, mejorar nuestra política educativa y sanitaria, la política de investigación, el fomento de energías renovables, o las políticas de empleo.

  1. En este escenario, la financiación de los déficits programados no presenta complicaciones. No son previsibles a corto plazo movimientos en los tipos de interés en Europa, pero si la recuperación se fundamenta y elevan su nivel no afectará (con estos ligeros niveles de déficit) a la proporción de deuda sobre el PIB. Es importante señalar que España registra hoy una Deuda Pública como porcentaje del PIB del 50,8% (frente al 64% de la UE-15 y al 70,4% de la UEM), casi 10 puntos por debajo del 60% establecido como criterio de sostenibilidad según parámetros comunitarios.

  1. Revisar la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica Complementaria implementando mecanismos de coordinación entre el conjunto de Administraciones Públicas en la fijación de un escenario plurianual que respete los compromisos europeos en materia de déficit y endeudamiento públicos.

  1. Proceder a una reforma del Tribunal de Cuentas, en la línea de los países avanzados y como elemento clave para incrementar la eficacia y la eficiencia, introduciendo así mismo informes de análisis de equidad en el gasto y de igualdad y progresividad en los impuestos.

  1. Realizar una fiscalización de la Gestión Tributaria al objeto de elaborar un Libro Blanco con las mejoras a realizar sobre todo en la lucha contra el fraude que a todos los niveles de gobierno se debería hacer.

  1. Rechazo de cualquier privatización a realizar en el sector público, y en especial los relacionados con la producción de servicios públicos, por razones de eficiencia, de control y transparencia, dado que una externalización de la producción de estos servicios conllevaría a una falta de control sobre los mismos y sus procesos, e incluso de las obligaciones en materia laboral de los contratistas.

  1. Favorecer la participación ciudadana en los procesos presupuestarios aumentando para ello como primera medida la transparencia. Para ello se debe facilitar el acceso público a través de Internet, entre otros medios, a toda la información relacionada con la ejecución de los presupuestos y especialmente todo lo relativo a la contratación administrativa, así como adoptar especiales medidas de transparencia en los gastos que tengan impacto medioambiental, como por ejemplo: las concesiones de agua o las presas


Nuestras prioridades programáticas en materia de ingresos públicos serían:

Los mayores ingresos que programamos han de obtenerse aumentando la recaudación, realizando una activa lucha contra el fraude fiscal y mejorando la estructura fiscal, conformando un sistema tributario más justo y progresivo, reequilibrando la relación entre impuestos directos e indirectos a favor de los primeros. Se trataría de combinar las siguientes medidas:

  1. AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL

El motivo sencillo, según datos de Eurostat en 2002 el diferencial negativo de España con los países de la Unión Europea es muy acusado. Únicamente Grecia, Portugal y el conjunto de los 10 nuevos estados miembros recaudaban en 2002 menos que España.

Usando datos en paridad de poder de compra (PPS), el total recaudado en España por habitante suponía en 2002, 7.249 euros, es decir 2.117 menos que la media de la UE-15 y 1.303 euros menos que la media de la UE-25. Visto de otro modo, si España recauda por cada habitante 2.117 euros PPS menos que en la UE-15, nuestro país dispone de 2.117 euros menos por cada habitante para desarrollar cualquier tipo de política (social, de infraestructuras, de inversión pública productiva, de I+D+i, ...). Y eso es así cada año, por lo que nuestro atraso relativo irá creciendo exponencialmente con el paso del tiempo.

Ese diferencial de recaudación supone que si quisiéramos tener un nivel igual al de la UE-15 habría que incrementar la recaudación total en aproximadamente 73.000 millones de euros (un 10% del PIB). Y si tomáramos como referencia la UE-25 en unos 45.000 millones de euros (un 6,5% del PIB), como se ve tenemos un gran margen para aumentar nuestra recaudación.

Estas cifras pueden resultar asombrosas, pero de todos modos, la cifra de 45.000 millones de euros no es tan inquietante -si se propone como objetivo a medio plazo-, y serviría para cerrar el importante diferencial recaudatorio que tenemos ahora mismo con los países centrales (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido).


  1. LUCHA ACTIVA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.

Junto al reforzamiento recaudatorio de los impuestos directos, la otra medida ineludible para poder alcanzar a medio plazo esos 45.000 millones de euros de incremento de los ingresos fiscales que nos situarían a un nivel europeo es la lucha contra el fraude en todos sus frentes.

Sólo teniendo en cuenta que la economía sumergida representa entre el 20% y el 25% del PIB, tendríamos actualmente unos 160.000 millones de euros opacos al fisco. Si toda esa actividad económica aflorase el PIB real se situaría entonces en números redondos en el billón de euros, lo que serviría para incrementar fácilmente la recaudación fiscal en 50.000 millones de euros.

Aunque el Gobierno ya ha presentado un borrador de Plan de Prevención del Fraude Fiscal3 que ha de valorarse con carácter general positivamente porque hacía muchos años que no se anunciaba un proyecto así, si bien necesita posteriores desarrollos aún por definir y presenta todavía algunas interrogantes. Entre otras, en primer lugar, el plan no prevé mayores recursos materiales aunque el texto reconoce que con ellos se podrían incrementar las actuaciones de control y acometer nuevas iniciativas. En segundo lugar, no se propone una revisión de la recientemente aprobada Ley General Tributaria en materia de sanciones o de regulación del delito fiscal, lo cual puede impedir mayores logros en la prevención del fraude.

Las principales líneas de actuación se centran en el sector inmobiliario, tramas organizadas en el IVA e Impuestos Especiales, prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, incrementar la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (parece ser que se renuncia a la creación de una Policía Fiscal), potenciar las tareas de investigación y de recopilación de información, mayor atención a los expedientes de delito fiscal y a la ingeniería fiscal, seguimiento de los contribuyentes de riesgo, y prevención del fraude en la fase de recaudación.

Por otro lado, se insiste en actuaciones preventivas buscando la imprescindible colaboración social en la prevención del fraude y el reforzamiento de la conciencia fiscal de los ciudadanos (programas de educación tributaria y mayor información a los ciudadanos sobre el presupuesto y el gasto público), y se apuesta por la revisión de los regímenes objetivos de tributación, proponiendo someter a retención los rendimientos obtenidos por los contribuyentes “en módulos” cuando realicen ventas o presten servicios a otros empresarios o profesionales.

Por lo tanto, habría que marcar objetivos mensurables a medio plazo y con un riguroso control de los resultados en la lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal, invirtiendo en los recursos humanos y técnicos necesarios para reforzar la capacidad inspectora y sancionadora de la Administración Tributaria y para agilizar los procedimientos judiciales, con el fin de destapar al menos la mitad del volumen de actividad sumergida en esta legislatura y en la siguiente. Eso permitiría la incorporación de unos 25.000 millones de euros a las arcas públicas tanto por la vía impositiva –directa e indirecta- como por la de las cotizaciones sociales



  1. NECESIDAD DE MEJORAR LA ESTRUCTURA FISCAL

En cuanto a la estructura impositiva, en general, se puede observar que en España la capacidad recaudatoria del IRPF es muy baja respecto a la media de la Unión Europea (con los datos de Eurostat en 2002, un 2,8% del PIB menos) lo que conduce a que su peso en los ingresos fiscales sea un 5% inferior a la media.

Resulta obvio, por lo tanto, la necesidad de incrementar la capacidad recaudatoria del impuesto. Eso ayudaría a que el peso de los impuestos directos se reequilibrase respecto al de los indirectos. Un incremento de ese volumen (2,8% del PIB) supondría alrededor de 20.000 millones de euros, casi la mitad de los 45.000 millones de los referidos anteriormente.

No hay que olvidar además que entre 1995 y 2002 mientras la recaudación en la Unión Europea por IRPF aumentó un 0,4% del PIB en España disminuyó un 0,8% del PIB. Resultaría inexplicable que se siguieran los mismos pasos que los anteriores gobiernos del PP que, además de reducir la recaudación, hicieron el impuesto menos progresivo y lo fueron vaciando de sentido, consiguiendo una estructura fiscal más regresiva e insolidaria.


Las orientaciones básicas de nuestra propuesta serían:

  1. Una reforma en el IRPF orientada a corregir los principales problemas que afectan al tributo para mejorar su equidad y suficiencia, como son:

Para solucionar estos problemas y mejorar la equidad y suficiencia del impuesto se debería, al menos, tener en cuenta los siguientes aspectos:

El tema de la tarifa es el más complejo porque existe la sensación de que quien no apueste por reducir tramos y tipos está alejado de la realidad (una realidad que se encargó del conformar el PP). La progresividad del tributo depende de muchas cosas (mínimo exento, deducciones, etc.), es verdad, pero es fundamental el número de tramos y los tipos marginales. La carga tributaria se ajusta mejor cuanto mayor es el número de tramos y esto no tiene nada que ver con mayor o menor sencillez (como a veces se razona), no existiendo argumentos sólidos para seguir reduciendo tramos y tipos.

El IRPF es un tributo relativamente complejo, como corresponde a un impuesto directo progresivo que intenta reconocer las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes. Reducir su complejidad revisando las exenciones, deducciones u otro tipo de particularidades es una buena noticia, siempre que estas intenciones se orienten a aumentar la equidad horizontal y vertical, y a mejorar la progresividad. Ahora bien, el mayor o menor número de tramos de la tarifa no es un elemento que afecte a la complejidad del tributo.

Se dice (ya lo hizo el PP en su día) que los tipos marginales “elevados” desincentivan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y que esta elusión o fraude es mayor cuanto más diferencia existe entre los tipos marginales máximos del IRPF y el tipo del Impuesto de Sociedades, porque es rentable realizar operaciones de ingeniería fiscal. Son argumentos falaces.

Es cierto que la elusión y el fraude se concentran en los tramos de rentas elevadas y en las rentas no salariales, pero la solución a esta cuestión pasa por potenciar la prevención y lucha contra el fraude y la elusión fiscal, y no por continuar concediendo regalos fiscales a las rentas más elevadas.

Como instrumentos técnicos que resultarían indispensables para que tales objetivos políticos pudieran materializarse se podrían tener en cuenta, los siguientes:

  1. Revisar y reducir, en el Impuesto de Sociedades, el conjunto de beneficios fiscales para lograr una mayor aportación de las rentas del capital empresarial al sostenimiento del gasto público.

  1. En los impuestos cedidos a las CC.AA. sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, potenciar su progresividad y potencial recaudatorio, básicamente en lo que respecta a las grandes fortunas para mejorar la participación de estas rentas en la imposición directa y en la estructura fiscal global. Hay que recordar que las CC.AA. tienen capacidad normativa plena sobre estos tributos por lo que se precisa un consenso entre ellas y la Administración Central

  1. Introducir tributos de aplicación ecológica para su implantación armonizada en el espacio europeo. Estos tributos tendrán carácter finalista y su recaudación se destinará a la promoción de programas de investigación y desarrollo de energías renovables, medidas de ahorro y eficiencia energética, procesos anticontaminantes y mejora medioambiental.

  1. En el IVA, reducir los tipos a ciertos bienes y servicios de primera necesidad de acuerdo con la Sexta Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (77/388/CEE) y procurar ante Bruselas que se incluya la posibilidad de autorizar a los Estados miembros una ampliación de los servicios a los que se aplica un tipo inferior al reducido.

Ejemplos que proponemos: aplicación del 4% a la prestación de los servicios de suministro domiciliario de electricidad, gas, agua y telefonía fija; aplicación del 4% al transporte colectivo; o tipos reducidos para la construcción de redes básicas de abastecimiento de agua.

Por último habría que recoger algunos aspectos relacionados con la Fiscalidad Internacional aunque este apartado exceda respecto de la pura modificación de nuestro sistema presupuestario y fiscal, más cuando estamos asistiendo a un proceso de globalización que está produciendo una presión fiscal creciente hacia el trabajo por ser un facto menos móvil que el capital.

Por ello creemos que debemos defender al menos tres medidas que puedan reequilibrar en parte esta situación, ya que con ellas se podría, en cierta medida: reestructurar la imposición del capital a nivel internacional impidiendo movimientos especulativos, frenar movimientos de este factor relacionados con las deslocalizaciones industriales, dumping fiscal y otros fenómenos que actúan como auténticas “termitas fiscales” que destrozan los sistemas impositivos nacionales socavando las bases fiscales, los mercados de trabajo y las actividades económicas reales.

Estas medidas serían:

  1. Defensa en los distintos foros internacionales para la creación de una Tasa sobre los movimientos especulativos internacionales de capital a corto plazo (Tasa Tobin).

  1. Creación de un impuesto sobre las Inversiones Extranjeras Directas que podría contrarrestar tanto la evasión fiscal derivada de la movilidad de capitales como la erosión de los derechos fundamentales de los trabajadores en los países que las acogen.

  1. Puesta en marcha de una Tasa Unitaria, al estilo de la existente en EE.UU., que pusiera coto a la manipulación que las compañías multinacionales hacen con los precios de transferencia para decidir en qué países declaran beneficios.


Las propuestas que aquí planteamos admiten múltiples desarrollos, tanto en las prioridades políticas de gasto como en la intensidad de las reformas fiscales, y creemos importante enmarcarla en el horizonte temporal de la legislatura. La finalidad no es otra que proporcionar márgenes de maniobra suficientes para mejorar nuestra protección social y la provisión pública de bienes y servicios.


1 ORDEN EHA/1645/2004, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2005.

2 Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo Segundo. Derechos y libertades.

Sección 2ª.De los derechos y deberes de los ciudadanos.

Artículo 31

1.- Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.

2.- El Gasto Público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3.- Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.


3 Puede consultarse en www.aeat.es