INFORME SOBRE EL PLENO DEL CONSEJO DE
UNIVERSIDADES CELEBRADO EL 21 DE JUNIO

        En la intervención que abrió el pleno la Ministra introdujo algunas
correcciones respecto del Anteproyecto de LOU presentado en el pleno
anterior. Las correcciones de más entidad son las siguientes:

        CONSEJO SOCIAL Y CONSEJO DE GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES:
        1. Deja la composición del Consejo Social a lo que establezca la ley de
cada una de las Comunidades Autónomas. Pero en todos los casos formarán
parte del Consejo Social el rector, el secretario general y el gerente
de las universidades (con voz pero sin voto) y, recíprocamente, tres
miembros del Consejo Social (sin especificar) formarán parte del Consejo
de Gobiern, también con voz pero sin voto.
        2. Se refuerzan las competencias del Consejo Social en el plano
económico y en la fiscalización del rendimiento de los servicios de las
universidades. El Consejo Social tendrá que dar su conformidad al
nombramiento (por el rector) del Gerente de la Universidad.
        3. El Consejo de Gobierno de las universidades estará compuesto por
un máximo de 40 miembros: un 40% elegidos por el claustro, un 30% elegidos
por el rector y un 30% elegido o designado --según los estatutos de las
universidades-- y compuesto por directores de Institutos
Universidtarios, departamentos, etc.

        CLAUSTRO Y GESTIÓN UNIVERSITARIA
        1. El Claustro estará compuesto por un 51% de profesores numerarios
doctores y un 49% según decidan las universidades.
        2. Se eleva a dos tercios el requisito para aprobar la convocatoria
de elecciones a rector.
        2. Habrá una Junta Consultiva (de asesoramiento al Consejo de
Gobierno) constituida por miembros del Consejo de Gobiern entre
profesores e investigadores de reconocido prestigio.

        PROFESORADO
        1. La regulación del porcentaje (hasta el 49%) de profesores
contratados será competencia de las Comunidades Autónomas.
        2. La habilitación de titulares y catedráticos tendrá carácter
definitivo.
        3. La habilitación del profesorado funcionario permitirá el cambio
de universidad sin nueva oposición.
        4. El contratado doctor deberará acreditar 4 años de actividad
postdoctoral. Se dedicará preferentemente a la investigación.
        4. Los incentivos para el profesorado, según parámetros de calidad,
serán fijados por el Estado y las Comunidades Autónomas de acuerdo con
el Consejo Social de las Universidades.

        AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN
       1. Se establece la colaboración de la Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación y de las Agencias de las Comunidades Autónomas.

        UNIVERSIDADES PRIVADAS
        1. La evaluación de la calidad de las Universidades privadas
seguirá los mismos requisitos que las de las públicas.
        2.Se limita la participación de los rectores de las Universides
privadas en el Consejo de Coordinación universitaria: no intervendrán en
los asuntos que sean exclusivos del sistema universitario público.
        3.Se establece la obligatoriedad de que el 25% del profesorado de
las Universidades privadas haya superado las pruebas de habilitacion.

        FINANCIACION
        1. El proyecto de Ley irá acompañado de la correspondiente memoria
económica para cubrir los gastos que del mismo se deriven, y
específicamente par la puesta en marcha del sistema de habilitación y de
la cración de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación.

      El debate en el pleno duró desde las 11 hasta las 14. El portavoz de la
CRUE, en nombre de los Rectores, criticó el Anteproyecto y pidió tiempo
para valorar las correcciones introducidas en este pleno por la
Ministra. Varios Consejeros de Universidad de las CC.AA (en especial
Cataluña) valoraron positivamente las correcciones introducidas por la
Ministra; otros representantes de las CC.AA (en especial Asturias)
criticaron el Anteproyecto y la insuficiencia de las correcciones
propuestas al texto del Anteproyecto. En líneas generales, las opiniones
de los intervinientes se dividieron en función de la proximidad al PP (y
a sus aliados parlamentarios) o al PSOE (representantes institucionales
de CC.AA. en las que gobiernan). También hubo algunas críticas aisladas
a la intervención de la CRUE por considerar su posición
"corporativista". En sentido contrario, y en términos muy críticos
(tanto del Anteproyecto como de los matices introducidos por la Ministra
en el Pleno) intervino el rector de la Universidad de Valencia.
        En mi intervención hice referencia críticamente a los siguientes
puntos: 1) acceso de los estudiantes a la Universidad, por indefinición
sobre la normativa básica; 2) retroceso en la democratización de los
órganos de gestión de la Universidad y de los Claustros; 3)
reglamentismo en la habilitación centralizada del profesorado y posible
utilización perversa de algunas de la categorías de profesores
contratados. Mencioné el hecho de que en las recientes elecciones a
rector en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona los dos candidatos
que se presentaban se opusieron abiertamente a las líneas generales del
Anteproyecto. Llamé la atención acerca de la oposicion existente entre
los estudiantes y la preocupación de profesores de diferentes
universidades. Pedí un nuevo pleno del Consejo de Universidades para
valorar las correcciones introducidas por la Ministra y que la Ley no se
promulgue durante el verano siguiendo viejas prácticas de mal recuerdo
en la Universidad.
        Sintomáticamente, en ningún momento del Pleno intervino para dar su
opinión ninguna otra persona de las que componían la Mesa que no fuera
la Ministra.
     La propia Ministra cerró la sesión interpretando que el Pleno no había
sido convocando para que el Consejo de Universidades emitiera informe
sobre el Anteproyecto, sino para informar ella misma al Pleno de las
novedades introducidas en el Anteproyecto. Luego matizó, teniendo en
cuenta las diferencias que se habían manifestado, que "el Pleno no emite
informe", que el debate ya estaba hecho y que, con los matices
introducidos por ella misma, se recogían las críticas surgidas en las
últimas semanas. Rechazó, por tanto, la propuesta de celebrar otro Pleno
y anunció que, a partir de ahora, se seguirían los trámites
correspondientes para que la Ley se apruebe parlamentariamente, "aunque
no durante el verano, sino en septiembre".


       Opino que la interpretación que la Ministra hizo del único punto del
orden del día del Pleno es inaceptable. No sólo por lo que tiene de
falta de respeto a los consejeros, sino incluso desde el punto de vista
administativo. Considerar, como hizo, que los consejeros no estábamos en
el Pleno para emitir informe, sino para escuchar su informe, y que basta
con que la Presidenta del Consejo (la propia Ministra) tome nota de lo
recogido en las actas para seguir así el proceso previamente decidido
por el Gobierno, es un error de procedimiento tan grave como todos los
que anteriormente ha cometido el Ministerio en este asunto. Más grave
aún teniendo en cuenta la dimensión de la oposición manifestada al
Anteproyecto por distintos sectores de la comunidad universitaria (no
sólo la CRUE sino también amplios sectores del profesorado y
asociaciones de estudiantes). Este comportamiento reduce casi a la nada
las funciones del Consejo de Universidades, que queda, de hecho,
reducido a órgano vacío, ni siquiera consultivo.

        La conclusión que hay que sacar a partir de de este Pleno es que, una
vez pactado con CiU el apoyo en el Parlamento al Anteproyecto de LOU (la
mayoría de las correcciones que se introducirán en el texto van,
obviamentre, en esa dirección), el Ministerio no tiene ya ningún interés
en escuchar la opinión de los representantes de la comunidad
unversitaria. Todo lo que se diga a partir de ahora sobre el "amplio
debate abierto", los "cientos de escritos recibidos", las "consultas a
la comunidad universitaria y a la sociedad", etc., etc., tiene que ser
interpretado como mera retórica de la vieja política.

F.FERNANDEZ BUEY
                                                                22/VI/2001