A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Por medio del presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación.

Propuesta de Resolución Nº

COMPROMISO CON UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD; REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES (LOU); DESARROLLO PROGRESISTA DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) Y APUESTA DECIDIDA POR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN.

Es fundamental que el Gobierno comprometa un esfuerzo continuado en el impulso y desarrollo de la enseñanza pública obligatoria, con un desarrollo progresista de la recientemente aprobada LOE a la vez que se acomete una reforma dialogada de la Enseñanza Superior; así como el compromiso de incrementar la inversión educativa para acercar el gasto educativo en porcentaje de PIB destinado por nuestro país a la media europea, porque el servicio público educativo es, en efecto, el único capaz de garantizar una educación de calidad para todos y todas en condiciones de igualdad.


Necesidad de abordar ya la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)

La Universidad española se encuentra en un proceso de cambio, y son dos los ejes fundamentales sobre los que se sustenta este proceso. Por un lado la necesaria revisión de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y por otro los retos que plantea la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

Las reformas en el ámbito universitario deben estar enfocadas hacia el desarrollo de las potencialidades de la Universidad como espacio de creación y difusión de pensamiento, de formación e investigación al servicio de la sociedad, y como un elemento fundamental para la igualdad de oportunidades, el desarrollo y el futuro del país.

La reforma legislativa del año 2001 a través de la LOU no dio respuesta a los principales retos que tenía la Universidad de cara al Siglo XXI. La ausencia de diálogo en el proceso de elaboración de la misma, así como la poca voluntad de búsqueda de acuerdos sobre el texto articulado hicieron de la LOU una ley que no respondía a las necesidades de la Universidad. Aspectos fundamentales como la financiación del sistema universitario quedaron fuera de un texto que solo satisfacía a sus promotores.

Con anterioridad a esta reforma, en el año 1999, los Ministros de Educación de 29 países firmaron la Declaración de Bolonia, comprometiéndose a crear, en el plazo de 10 años, el Espacio Europeo de Educación Superior. Este espacio se materializara en un marco común donde las universidades europeas se reconozcan mutuamente e inicien procesos de intercambio recíproco en todos los aspectos de la vida académica.

El proceso por el que se pretende construir este espacio, denominado Proceso de Bolonia o Proceso de Convergencia Europea de la Educación Superior, consta de varios pilares: la homologación de titulaciones en todos los países firmantes, la emisión de un Suplemento Europeo al Título para facilitar la legibilidad de las titulaciones entre diferentes países, el establecimiento de una estructura uniforme para las titulaciones, la implantación de un sistema de créditos de transferencia (ECTS) iguales en toda Europa y el incremento de la movilidad en los tres sectores de la universidad: estudiantes, profesores y personal de administración.

En los últimos años el proceso de Bolonia ha avanzado en las instancias europeas y ha comenzado a implantarse en los países firmantes, aunque en el caso de España se inicia con más incertidumbres que aciertos hasta el momento.

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior representa una oportunidad para la puesta al día nuestras Universidades, siempre que el Gobierno aporte el impulso político necesario y la financiación adicional que se precisa para la puesta en marcha de este proceso.

Este proceso de Convergencia se produce entre realidades universitarias diversas. En el caso de España nuestro gasto universitario en porcentaje del PIB se sitúa lejos del 1,6% de la media de la OCDE.

Del mismo modo el sistema de becas es claramente inferior al de la media de la UE tanto en cuantía como en cobertura. Nos encontramos en un 0,08% PIB en ayudas frente 0,85% Dinamarca y al promedio de 0,25% en la OCDE. Además, la cobertura de nuestro sistema de becas tan solo alcanza al 15% de la población universitaria frente al 40% de media en la OCDE. Como dato a tener en cuenta, baste señalar que España se sitúa en el penúltimo puesto en la UE en número de patentes, un pobre resultado que está relacionado con el todavía reducido gasto público en Investigación, muy lejos del 3% del PIB que debería alcanzar en 2010.

Todas estas cuestiones ponen de manifiesto que las reformas que vive la universidad en Europa se están produciendo a dos velocidades distintas. Es necesario un compromiso firme con nuestras universidades para alcanzar los objetivos de calidad que demanda la sociedad, y para garantizar que estos procesos de reforma no supongan una nueva barrera a la hora de acceder a la enseñanza universitaria.

En este sentido la Convergencia debe plasmarse en esfuerzos educativos y en compromiso con la Universidad Pública. La Convergencia Europea no puede suponer una determinada idea del servicio de la Universidad a la sociedad, reducida al mundo empresarial y la obtención de títulos.

Es por ello fundamental que en estos momentos de cambio el compromiso con la Universidad y con su papel en la sociedad sea abordado con la serenidad y el rigor que se merece. Porque del futuro de la Universidad depende en buena medida el futuro de nuestro país.


Realizar un desarrollo progresista de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

La Ley Orgánica de Educación, Ley 2/2006, recientemente aprobada por las Cortes, establece como uno de sus principios la exigencia de una educación de calidad garantizando una igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y progreso educativo de todos los ciudadanos.

Entre las actuaciones previstas en esta Ley, el artículo 15 establece que las Administraciones públicas promoverán un "incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil" y que garantizarán una "oferta suficiente de plazas en los centros públicos en el segundo ciclo de educación infantil".

Asimismo establece en el artículo 32.5 que las Administraciones educativas promoverán un "incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en bachillerato" en sus distintas modalidades y vías.

Del mismo modo, al Gobierno le corresponde ahora desarrollar principios y contenidos enunciados en la LOE, especialmente en lo que hace referencia a las políticas compensatorias y a otras medidas de mejora de la escuela pública que esta Ley potencia como es el caso en sus artículos 107.5, 112, 120, 121, 122, 124 y otros.

A mayor abundamiento, al referirse la Ley a la programación de la red de centros, el artículo 109.2 establece que "las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas, especialmente en las zonas de nueva población".

Por otra parte, en la Ley recientemente aprobada se ha incorporado un título específico sobre financiación, el Título VIII de Recursos económicos, que establece que los poderes públicos dotarán al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley; y que, para ello, el Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público, para los próximos diez años, que permita su equiparación a la media de los países de la Unión Europea.


La apuesta por la investigación, el desarrollo y la investigación.

El Gobierno ha cumplido una parte de su apuesta por convertir la investigación científica y el desarrollo tecnológico en cuestiones clave, aumentando en un 25% anual las partidas de I+D en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, es preciso realizar algunas matizaciones respecto a la asignación de los recursos y señalar un problema que sólo se ha resuelto parcialmente, el de los becarios del sector de la investigación.

El Gobierno prometió reducir drásticamente las operaciones financieras en el ámbito presupuestario, pero éstas continúan aumentando (un 34% en los PGE 2006 respecto a los PGE 2005) hasta significar el 56% del Presupuesto. A pesar del esfuerzo inversor, seguimos instalados en el 1,1% del PIB en investigación, ya que los activos financieros del capítulo VIII de los Presupuestos no computan a estos efectos. Tampoco ha cumplido su promesa de asignar al Ministerio de Defensa los gastos relacionados con la producción y fabricación de armamento. Con más de 27% del gasto total en I+D, seguimos siendo el país europeo con mayor porcentaje de I+D militar.

La importancia asignada a la investigación pública y privada se refleja en la proporción de recursos: 2.958 millones de euros dedicados a Investigación y Desarrollo Industrial frente a 1.002 millones de euros destinados a Fomento de la Investigación Científica y Técnica, de los cuales 450 millones de euros son subvenciones directas al sector privado. Y lo más preocupante es que una parte muy importante de estos recursos no logran ejecutarse.

La política de personal tampoco ha sido brillante, especialmente en el caso de los becarios de investigación. El Estatuto del Personal en Formación nació tarde y con evidentes insuficiencias, y hoy se verifica que son muchos más los que se quedan fuera del mismo que los que pueden acceder a un contrato. Siguen sin convertirse en contratos las becas post-doctorales del Ministerio de Educación y Ciencia, sólo se reconocen las becas públicas, no se contempla la situación de los cientos de becarios técnicos, o la gestión de los contratos se transfiere a los organismos públicos de investigación sin instrucciones precisas.


Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

I.- En lo concerniente a la reforma de la Ley Orgánica Universitaria

1. Presentar una reforma de la LOU que, concretada de forma dialogada con la Comunidad Universitaria y las fuerzas políticas, sindicales y estudiantiles, reconozca a las Universidades la flexibilidad y autonomía necesaria para diseñar su vida académica y organizativa.

2. Acompañar la reforma de la LOU con un compromiso de financiación que asegure una inversión plurianual suficiente.

3. Incrementar el gasto público en Universidad hasta alcanzar la media de la OCDE en un plazo no superior a ocho años. Este esfuerzo debe ser fruto de un acuerdo con las Comunidades Autónomas, en el que ambas administraciones comprometan los recursos suficientes para lograr este objetivo.

4. Incrementar la cuantía y la cobertura de las ayudas al estudio como una de las prioridades de nuestro sistema universitario, como mecanismo para garantizar la igualdad real de oportunidades. En un plazo no superior a dos años deberá ponerse en marcha un sistema de becas salario que garantice la cobertura del coste directo, indirecto y de oportunidad del estudio para aquellas rentas más bajas, garantizando así la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad a este sector de la población. Mejorar la eficiencia del actual sistema de becas y ayudas mediante su reforma y la revisión de los criterios de concesión.

5. Proporcionar recursos adicionales de financiación que posibiliten la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior en nuestro país, lo que también redundará en un acercamiento a la media europea en la parte del PIB asignada a la educación superior. Incorporar en este proceso de Convergencia Europea un nuevo acceso a los cuerpos docentes universitarios basado en la acreditación objetiva y transparente de los méritos docentes e investigadores. En este mismo marco, garantizar que el incremento de los recursos destinados a la Universidad no recaiga sobre los usuarios o sus familias. Para ello, los precios públicos de las licenciaturas y de los futuros grados y postgrados deberán mantenerse en el entorno de los precios actuales, e incrementarse, como máximo, en torno al incremento del IPC. En ningún caso el cambio del sistema de ciclos será aducido como justificación para un incremento desmedido de los precios públicos.

6. Habilitar sistemas de formación integral de los estudiantes.

7. Dar un impulso al rejuvenecimiento de las plantillas de profesores.

8. Contar en el posterior desarrollo de la nueva LOU con las Universidades, las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, y todos aquellos colectivos implicados de una manera u otra con la Universidad.


II.- En lo concerniente al desarrollo de la Ley Orgánica de la Educación

1. Incrementar los esfuerzos económicos destinados a mejorar la igualdad de oportunidades en la educación obligatoria, desde un compromiso continuado del incremento del Gasto educativo de las Administraciones Públicas.

2. Abordar un desarrollo la LOE comprometido desde la izquierda para potenciar una escuela pública laica y de calidad.

3. Desarrollar de inmediato las políticas compensatorias y demás medidas de mejora de la escuela pública que esta Ley potencia como es el caso en sus artículos 107.5, 112, 120, 121, 122, y otros contenidos de progreso que requieren un desarrollo normativo y la correspondiente financiación.

3. Adoptar las medidas necesarias para que la Conferencia Sectorial de Educación establezca una ponencia específica que evalúe, para las diferentes comunidades autónomas y antes de finalizar el presente año, las necesidades de inversión en plazas públicas para el cumplimiento de los objetivos definidos en los artículos citados y defina un calendario de ejecución de esas inversiones, así como los acuerdos de cofinanciación, entre las distintas administraciones, para llevarlas a cabo.

4. Los acuerdos adoptados se incorporarán, en su día, como sección específica del plan general a que hace referencia el artículo 155.2 de la Ley Orgánica de Educación.

5. Promover el acuerdo de las distintas administraciones educativas que comprometan desde el ejercicio de las competencias que cada una tiene, con un esfuerzo coordinado de todas ellas orientado a:

    1. Dotarnos de una Red suficiente de centros públicos y revisar la política de conciertos educativos, para garantizar el derecho a la educación en todas las etapas educativas en condiciones de igualdad:

    1. Garantizar el compromiso con una Financiación suficiente que asegure una educación pública de calidad:

    1. Incrementar la autonomía, descentralización y participación democrática en la gestión de los centros y en los distritos educativos:


III. En lo concerniente a la investigación, el desarrollo y la innovación.

1. En el plazo de 2 meses, en el seno de la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología, con la participación plural de especialistas en la materia, elaborar un informe sobre los programas de I+D+i, en el que se especificarán los gastos de investigación de carácter civil y aquellos que tengan carácter militar y, en su caso, realizar una evaluación de la asignación de los mismos, desarrollando así definitivamente la Disposición Adicional septuagésima séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006.

2. Congelar los gastos militares orientando los recursos de I+D a aplicaciones civiles y reasignar los gastos relacionados con la producción y fabricación de armamento del Capítulo VIII de la Función 46 de los Presupuestos Generales del Estado.

3. Presentar los resultados de ejecución en los últimos cinco años de los créditos presupuestarios destinados al sector privado en materia de investigación, así como los mecanismos de asignación, evaluación y control ligados a los mismos.

4. Presentar una evaluación de los resultados en los últimos cinco años de la política de estímulos fiscales para fomentar la I+D empresarial.

5. Regularizar a los trabajadores que realizan investigación, con alta en la Seguridad Social y, en su caso, contratos laborales acordes con la legislación vigente.



Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid a 1 de Junio de 2006

Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo

Presidente del G.P.IV-IU-ICV

Fdo.: Joan Herrera Torres

Portavoz del G.P.IV-IU-ICV