A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
 Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE DEVOLUCIÓN al Proyecto de Ley Orgánica de Universidades. (número de expediente 121/45).

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid a 24 de septiembre de 2001

Fdo.: Marisa Castro Fonseca        
Diputada del G.P.F.IU
Fdo.: Felipe Alcaraz Masats
Portavoz del G.P.F.IU

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE DEVOLUCIÓN

Desde hace más de una década IU ha unido su voz a la de sindicatos y otros sectores de la comunidad universitaria para reclamar la necesidad de acometer un debate público, amplio y participativo, sobre la reforma de la LRU, una vez reconocidas sus insuficiencias para dar respuesta a las nuevas demandas sociales, y una vez detectados importantes fallos y perversiones en la puesta en práctica de dicha ley.

Prueba de la preocupación de IU por la situación que atraviesa la Universidad pública han sido las diferentes iniciativas planteadas por su grupo parlamentario en las legislaturas pasadas, así como la presentada al inicio de ésta, con fecha 6 de junio de 2000, en la que se solicitó la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, sobre la reforma universitaria. Para IU era, en efecto, imprescindible y urgente implicar al Parlamento en el intenso debate que mantenía en esas fechas la comunidad universitaria, a partir del Informe Universidad 2000, que se hizo público en marzo de ese año y generó múltiples reacciones, junto a una amplia polémica en el ámbito universitario.

Frente a esto, el gobierno del PP ha evitado toda posibilidad de abrir y potenciar el debate requerido, antes de la tramitación parlamentaria de su proyecto de ley de universidades, optando por seguir un proceso ajeno por completo a la más mínima voluntad de acuerdo y de participación democrática de los distintos sectores sociales (del ámbito universitario y extrauniversitario) que tienen mucho que decir sobre el sentido de la reforma de la Universidad.

En efecto, la Sra. Ministra eligió el mes de mayo (época claramente inadecuada para propiciar el debate en el ámbito universitario) para hacer público el borrador de Anteproyecto de Ley de Universidades, y dio un plazo ridículo a la Conferencia de Rectores y al Consejo de Universidades para que hiciesen su valoración y aportasen propuestas. A finales de junio, a la vista del considerable rechazo generado, la Ministra informó al Consejo de Universidades de los cambios que pensaba introducir en el Anteproyecto, sin dar pie a que ni siquiera dicho órgano los pudiera analizar. En pleno verano el Consejo de Ministros aprobó el correspondiente Proyecto de Ley Orgánica de Universidades, y lo remitió al Parlamento, donde se ha establecido un plazo igualmente ridículo para la presentación de enmiendas, plazo que finaliza el 24 de septiembre, es decir, antes de que comience el nuevo curso académico y se reanude plenamente la actividad universitaria.

Ante semejante proceso, que ha impedido el diálogo y la necesaria búsqueda del máximo acuerdo sobre una reforma de tantas repercusiones sociales, IU reitera su exigencia de que se abra un debate público, previo a la tramitación parlamentaria de cualquier proyecto de ley universitaria, con la participación de la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y personal no docente), de las fuerzas políticas y de los agentes sociales, para abordar serenamente la necesaria reforma de la LRU, con vistas a solucionar los problemas detectados en la Universidad pública, empezando por el mayor de ellos, la insuficiente financiación pública y, por extensión, la ausencia de un modelo de financiación de las universidades, carencias que contribuyen a su vez a la pérdida de autonomía, al tener que buscar fondos y pasar a depender, al menos en parte, de entidades privadas.

IU coincide plenamente con múltiples y autorizadas voces de los máximos representantes de distintas Universidades españolas que vienen manifestando su enorme preocupación ante el Proyecto de Ley presentado por el gobierno, que lejos de dar respuesta a las necesidades actuales de la Universidad pública, va a contribuir al deterioro de la misma por las siguientes razones:

 
Izquierda Unida apuesta por un modelo de Universidad pública basado en los principios de autonomía plena, democracia participativa, corresponsabilidad ante la sociedad y financiación pública suficiente para asegurar una calidad docente e investigadora en condiciones de igualdad.
Por todo ello, IU solicita la devolución al gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de Universidades.