CIENCIA Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Alicia Durán
Profesora de investigación del CSIC
Área de Ciencia y Tecnología de la Fundación 1º de Mayo

Los aniversarios suelen ser propicios para hacer balances, un objetivo implícito en la iniciativa de Madri+d al cumplirse el 20 aniversario de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, más conocida como Ley de la Ciencia, sin duda el principal referente del sistema científico-técnico español.

Los objetivos prioritarios de esta ley eran el establecimiento de un Plan Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (PNI+D), al que se dedica más del 50% del articulado, la coordinación de las actividades de I+D realizadas por los diferentes Ministerios y entre las diferentes Comunidades Autónomas y la Administración Central, la coordinación y seguimiento de la participación española en los proyectos internacionales de I+D y la armonización y redefinición de los Reglamentos de los diferentes Organismos Públicos de Investigación (OPIs).

La Comisión Interministe­rial de Ciencia y Tecnología (CICYT) es el principal instrumento previsto como órgano ejecutivo de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional, y otra herramienta decisiva es el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), encargado de organizar y financiar la trans­ferencia de los resultados del PNI+D a los diferentes sectores industriales.

Tras 20 años de aprobación de la Ley y 18 de la puesta en marcha del primer Plan Nacional de I+D (I PNI+D) se puede afirmar que el sistema científico-técnico español presenta una estructura consolidada: el sector público de la I+D ha crecido y se ha afianzado, tanto en las universidades como en los organismos públicos de investigación (OPI), y el sector privado ha realizado un esfuerzo importante en el mismo periodo. El Plan Nacional ha actuado como claro catalizador del sistema, impulsando la creación y el crecimiento de grupos de investigación, con una apuesta clara por la formación de personal. Mediada la quinta edición del Plan, se ha incrementado el número de investigadores y de grupos del sistema en todas las áreas del conocimiento, así como el número de empresas que participan en sus distintas modalidades.

Como resultados más relevantes se observa un aumento importante de la participación española en proyectos internacionales, así como en todas las bases de datos científicas. De hecho, la aportación española a la producción científica mundial, recogida en bases de la Web of Knowledge, ha pasado de menos del 1% en 1986 al 3,1% en 2003, situando a España en la décima posición mundial, acorde con su PIB. Estos resultados presentan también algunas sombras, entre las que destaca la calidad de estas publicaciones. El impacto medio de las mismas es inferior en casi el 15% al de nuestros vecinos de la UE-15 y la diferencia de nivel es especialmente notable en áreas tan importantes como Informática y Ciencias de la Vida1. La explicación más coherente con estos resultados se relaciona con la creciente presión sobre los curricula de los investigadores. Cuando en los países más avanzados (EE.UU, Francia o Alemania) se ha descartado el número de publicaciones como indicador más adecuado de la calidad de un grupo de investigación, y el propio Garfield, creador del SCI, afirma que esta herramienta no es válida como indicador en CV individuales, los tribunales españoles, tanto en Universidades como en OPIs, siguen evaluando “al peso”, más allá de la calidad o profundidad de los trabajos presentados por los aspirantes a una plaza en el sector público de la investigación. Un problema que se refleja en otros ámbitos: sorprende y alarma que sólo una Universidad española, la UAM, aparezca en el ranking (en el puesto 159) de las 500 mejores universidades del mundo. El estímulo a la calidad de la investigación debe encauzarse a través del fomento de la excelencia y de la creatividad, y para ello es imprescindible revisar el sistema de indicadores y los criterios de evaluación, tanto de las instituciones y sus tribunales, como de la propia ANEP.

Menos brillantes son los resultados obtenidos en producción tecnológica e innovación donde, y a pesar del esfuerzo realizado, seguimos suspendiendo año tras año. Es casi un tópico reconocer la debilidad del esfuerzo de I+D+i de la empresa española, y cada nuevo informe viene a confirmar que nuestro país juega en la segunda división en tecnología. El estudio de Eurostat La nueva economía en la Europa de los 15, un retrato estadístico (2005), destinado a comparar el cumplimiento de los objetivos de Lisboa 2000, analiza una larga serie de indicadores que miden el grado de innovación, entre ellos el gasto de I+D de las empresas, el número de patentes registradas, las empresas innovadoras en los sectores industriales y de servicios, y los ingresos atribuidos a productos innovadores. El caso español es especialmente preocupante ya que sus empresas eran en 2000 las que menos innovaban en la UE-15. Si se agrega el dato que en periodo 2001-2003 el número de empresas innovadoras ha disminuido y su gasto en innovación aumenta muy debajo de la inflación2 el pronóstico se confirma. Este estudio incluye una concepción novedosa de la innovación, que se valora a través de la influencia de las innovaciones sobre los resultados empresariales, como aumento de cuota de mercado o de ventas electrónicas. España aparece en los últimos lugares, acorde con el dato de que la innovación de producto sólo significó el 7,9% de las ventas de las empresas innovadoras en 2003, porcentaje que se reduce al 2% si se consideran productos nuevos en el mercado. El informe intenta, asimismo, analizar el impacto del desarrollo de la nueva economía sobre indicadores macroeconómicos como el PIB per capita, la productividad, la inflación o la balanza comercial. España aparece lastrada por el paro de larga duración, la excesiva temporalidad, y la escasez de manufacturas en tecnología, y los indicadores de productividad, diferencial de inflación respecto a la UE y balanza comercial nos sitúan muy lejos del lugar que nos correspondería de acuerdo a nuestro PIB.

También aparecemos en el vagón de cola al compararnos con el resto de Europa si contabilizamos los indicadores del Índice Sintético de Innovación (ISI) elaborado por Analistas Financieros Internacionales3, que incluyen también el gasto y el nivel en educación, la utilización del capital riesgo no especulativo, la creación de incubadoras de empresas, el registro de patentes o la colaboración empresa-universidad. Este informe calcula que de mantener el ritmo actual, y a pesar de los incrementos del 25% anual en la financiación pública de la I+D+i, España tardaría más de 20 años en alcanzar los estándares de la UE.

El reflejo normal frente a este panorama ha sido siempre pedir más recursos públicos, y tanto las empresas como sus organizaciones (CEOE, COTEC, etc.) aprovechan cada ocasión para solicitar más recursos, mejores instrumentos para la promoción de la I+D+i empresarial, así como el mantenimiento de los beneficios fiscales relacionados con estas actividades.

Sin embargo, antes de seguir incrementando los recursos y cambiar o ampliar estos instrumentos conviene analizar su historia y reflexionar sobre sus efectos sobre el esfuerzo propio de las empresas y sobre los indicadores de desarrollo tecnológico e innovación.


Un análisis de los recursos

La financiación pública de la I+D destaca como un punto débil de la política científica y tecnológica inaugurada con la Ley de Ciencia. Unos recursos siempre insuficientes, con una base presupuestaria estrechamente ligada a la coyuntura económica, que ha convertido estas políticas en variables procíclicas, en abierto contraste con la actitud de los países desarrollados.

Si en 1988 el I PNID arrancaba con una inversión del 0,72% del PIB para todas las actividades de I+D, financiado casi a partes iguales, un 48% cada uno, por la Administración General de Estado (AGE) más Universidades, y las empresas, ha habido que esperar a 2002 para que se superara el mítico 1%/PIB propuesto en este plan inicialmente para 1991, a pesar de que en este periodo se han ido incorporando nuevas fuentes de financiación al sistema, fundamentalmente fondos de las CC.AA y europeos (fondos FEDER, FSE y Programa Marco de I+D de la UE). En 2004, con un gasto del 1,07% del PIB, la financiación del gasto de I+D se mantiene en un 48% de procedencia privada y un 51% de procedencia pública, situación muy alejada del ideal de 66% privada y 33% pública de EE.UU. o Japón, pero también de la media europea (58% privada y 42% pública)1.

Esta limitación presupuestaria, unida al aumento de grupos e investigadores del sistema, ha redundado en una significativa reducción de la financiación media por proyecto de I+D. La estadística del INE revela que, aunque ha crecido la inversión por habitante, la inversión por investigador en la AGE era en 2004 menor a la de 1992 en € corrientes (83.230 frente a 84.770 €); si se deflactan las cifras restando la inflación, esto significa que cada investigador recibe actualmente poco más de la mitad de lo que recibía hace 12 años.

Esta reducción real de recursos ha desplazado al Plan Nacional como elemento central del sistema, favoreciendo la atomización de los grupos de investigación -se presentan varios proyectos pequeños en lugar de uno grande-, y enfocando a los Centros Públicos de Investigación y a las empresas hacia otras fuentes de financiación, como los fondos FEDER o el Programa Marco de I+D de la UE. Un hecho positivo per se pero que complica la planificación de objetivos y prioridades si no existe una coordinación que asegure una gestión eficaz y una optimización en la asignación de los recursos. Una coordinación que en sus dos vertientes -coordinación interministerial en la Administración General del Estado (AGE) y coordinación entre CC.AA.-, sigue sin funcionar adecuadamente.

La principal herramienta presupuestaria del Estado ha sido la Función 54 de los PGE (Función 46 a partir de PGE2005), Gráfico 1, en la cual se incluye la financiación del Plan Nacional, así como las políticas de promoción tecnológica, gestionadas por el CDTI a través de subvenciones y créditos blandos. El gráfico muestra el carácter procíclico del gasto en I+D, creciente en periodos de bonaza y con fuertes restricciones ante la amenaza de crisis. En 1995 se incorpora a los PGE el Capítulo 8 de gastos financieros, destinado a créditos reembolsables y casi íntegramente destinado a empresas del sector de defensa. En los años subsiguientes este capítulo, que no contabiliza en las estadísticas de gasto de I+D, no ha dejado de aumentar con un ritmo de crecimiento netamente superior al de los gastos en los capítulos 1 al 7, hasta constituir en 2006 el 55,6% del total de la función 46, financiando no sólo al sector Defensa, que sigue recibiendo en torno a un tercio del total, sino también al resto del tejido industrial y de servicios.


La falta de transparencia en la adjudicación de estos créditos, la opacidad o ausencia de las convocatorias, así como de los órganos de evaluación y control de resultados, han provocado numerosas y continuas críticas desde los ámbitos más diversos y han roto, de hecho, la neutralidad imprescindible de la política de I+D+i. En particular, en los dictámenes sobre el IV y V Plan Nacional de I+D+i, el Consejo Económico y Social (CES) ha recomendado reducir este capítulo de los PGE y, en todo caso, dar cuenta precisa de todos los créditos concedidos, incluyendo a los destinatarios finales, los mecanismos utilizados en la adjudicación, los resultados obtenidos, y la planificación de la devolución de los créditos a la AGE4.


Gráfico 1. Financiación de la I+D a través de los Presupuestos Generales del Estado

Fuente: PGE 1984-2006


Pero además del aumento de capítulo 8, el decidido impulso a las políticas de gasto en I+D+i del Gobierno de Rodríguez Zapatero ha implicado en los dos últimos años un fuerte incremento en el nivel de subvenciones directas a las empresas, que en 2006, con 450 millones de €, igualan las cifras del Fondo Nacional de I+D, la fuente por excelencia del sistema público de I+D. El programa Ingenio 2010, incluido en el Plan Nacional de Reformas, es una enorme inyección de fondos, la gran mayoría destinados al sector empresarial, abundando en nuevos instrumentos y programas (CENIT, AVANZ@, fondos de capital riesgo, Torres Quevedo, etc) que se suman a los ya existentes (Proyectos CDTI, PIC, PIIC, PROFIT, etc) que sustituían al conjunto de instrumentos utilizados a lo largo de los últimos 20 años: Proyectos Concertados y de Desarrollo Tecnológico, PFTI, PACTI o PATI, gestionados por el CDTI, más las diversas modalidades de cada una de las CC.AA. en sus Planes de promoción al desarrollo tecnológico y la innovación.


Efectos y defectos de la política tecnológica

Sin embargo, esta suma de instrumentos y de recursos no ha logrado movilizar la inversión del sistema empresarial, que sigue sin alcanzar el 60% de ejecución del gasto total en I+D previsto en el III Plan Nacional para 2000. Aunque ha aumentado sus inversiones, el peso del sector empresarial en los gastos ejecutados sólo suponía el 58% en 2004. El Gráfico 2 presenta los gastos del sector empresas en actividades de I+D desagregados por origen de los fondos. En el mismo se ha representado también el capítulo 8 de la función 54 de los PGE, que el INE computa como fondos propios de las empresas5. El análisis del gráfico es claro: el aumento del porcentaje de gastos empresariales en los últimos 10 años está ligado al aumento de ayudas públicas, pero el mecanismo de promoción, que debía generar al menos un euro de gasto adicional por cada euro de ayuda concedida, no ha funcionado. En cambio, se ha producido una sustitución de inversiones por ayudas públicas, neutralizando el objetivo de dichas ayudas. Si se resta el Capítulo 8, la inversión empresarial no sólo no crece sino que disminuye en términos absolutos.


Gráfico 2. Gastos en I+D de las empresas or origen de los fondos

Fuente: Estadística de I+D INE (marzo 2006) y PGE 1995-2004

Estos datos se refuerzan cuando se analiza la Encuesta de Innovación, con una reducción progresiva del número de empresas industriales innovadoras, a la vez que los gastos se concentran en las empresas de mayor tamaño. En cuanto a su distribución, más del 70% de estas empresas se sitúan en sectores tradicionales, mientras las empresas de los sectores más intensivos en innovación reducen sus inversiones, tanto en innovación como en I+D, en los últimos 5 años.

La solicitud de patentes es otro dato del mismo problema. Las patentes solicitadas por España a la Oficina Europea de Patentes significan el 1,4% de la producción europea, lejos del 7,5% de Italia, el 15% de Francia o el 44% de Alemania. Nuestra posición relativa en gastos de I+D+i y producción científica respecto a nuestros vecinos no es comparable a la distancia sideral a la que nos encontramos en este sector, reflejo del escaso interés del sistema de CTE en la protección de resultados, uno de los desafíos más importantes del sistema.

La reciente discusión sobre la supresión de los estímulos fiscales a las actividades de I+D+i pueden ilustrar asimismo la voluntad innovadora del empresariado. España cuenta con el marco fiscal más favorable de toda la OCDE, tanto por los porcentajes de deducción – una empresa puede llegar a deducir hasta el 70% de los gastos e inversiones en I+D+i -, como por el amplio número de actividades a las que beneficia. En la reciente reforma del Impuesto sobre Sociedades, el ejecutivo abogó en un principio por eliminar drásticamente estas deducciones, con el argumento de que podían violar la legislación europea, sólo beneficiaban a los grandes grupos y no habían cumplido su objetivo inicial de potenciar la I+D. Es paradigmático el papel de la CEOE en esta negociación, ya que aceptó rápidamente la reducción de deducciones por I+D si se producía una disminución del tipo medio del impuesto, único argumento que defendió a ultranza. Sin embargo, ante la presión de las grandes compañías, las que hacen, y por tanto deducen, sus gastos de I+D, el MEH cedió en parte, estableciendo un periodo transitorio con reducciones de un 3% anual (en lugar del 20% inicialmente previsto) desde el próximo año hasta 2012, para finalmente sugerir una revisión del problema en 2011. En esta línea se ha acordado realizar un estudio sobre la eficacia de estas ayudas con el fin de adecuarlas a las necesidades de la economía. Un estudio necesario porque tanto los estudios empíricos como la opinión de la OCDE permiten dudar de la eficacia de estas ayudas en el caso español. Por un lado, las empresas declaran una escasa utilización de estas deducciones y ni el MEH ni el MINER han dado datos sobre la amplitud de su aplicación y sus efectos sobre las inversiones privadas en I+D+i. Por otra, la propia OCDE admite que las deducciones fiscales no actúan como promotoras de innovación en nuevas empresas, sino que son fundamentalmente utilizadas por el núcleo central de empresas que realizan I+D.

La suma de la insuficiente inversión del sector empresarial en I+D+i, la atonía en las actividades de innovación y la escasa solicitud de patentes dibujan un panorama preocupante y aumentan los temores respecto a la ampliación de la UE, en cuanto a competencia en sectores maduros y en mercados. De hecho, el CES4 recordaba en 2003 a los gestores de I+D la importancia de la política científica y tecnológica cuando las estrategias de competitividad vía precios se ven desplazadas por nuevos factores, entre los que destaca la innovación de productos y de procesos. En un área de alto desarrollo económico, caracterizada por su clara tendencia a la terciarización, la capacidad de generar o adaptar con rapidez nuevas tecnologías se convierte en un factor decisivo de competencia.

El reciente proceso de ampliación de la UE a 25 miembros significa oportunidades, pero también riesgos, para la economía española. Estos últimos residen básicamente en dos ámbitos: en primer lugar, la progresiva reducción de las ventajas comparativas y el aumento de las desventajas de España respecto a estos países, que puede desembocar en un deterioro progresivo del saldo por cuenta corriente español; el segundo, mucho más importante, en el menor atractivo de la economía española como receptora de flujos de inversión directa, que ha sido uno de los principales factores de modernización de nuestro sistema productivo.

Para el CES, tanto el aprovechamiento de las oportunidades como la superación de los retos que plantea un entorno europeo más amplio y con mayor nivel de desarrollo económico y social, pasan por reforzar básicamente tres políticas: la formación y cualificación de los trabajadores; la política de infraestructuras; y la política científica y tecnológica; teniendo en cuenta el predominio de las empresas pequeñas y medianas en la estructura productiva, rasgo básico de la economía española.


Innovación tecnológica y competitividad

Existe un consenso general sobre el papel fundamental de la innovación tecnológica y las actividades de I+D en las estrategias de competencia del mercado mundial. Son de hecho, una causa determinante del cambio en el patrón de comercio industrial, donde los costes y precios relativos han sido sustituidos por la diferenciación de producto, la calidad y la innovación, como variables que explican el poder sobre el mercado y los flujos del comercio internacional.

Puede ser útil partir de las definiciones para analizar estos procesos. Las dos características centrales asociadas a la innovación son la novedad y su aplicación, que permiten diferenciar este concepto de otros asociados, como la invención. La invención puede definirse como la creación de una idea potencialmente generadora de beneficios comerciales. El concepto de innovación implica, en cambio, la aplicación comercial de una idea y es, por tanto, un hecho fundamentalmente económico, que se produce cuando se convierten ideas en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que son difundidos en el mercado.

La iniciativa CRECE, auspiciada por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), dedica un capítulo al tema de Ciencia y Empresa6 en el que identifica las deficiencias del sistema de innovación español. Además del exiguo número de empresas que realizan I+D, el principal problema detectado radica en la incapacidad del tejido empresarial para aprovechar los resultados de la actividad investigadora y para atraer a personas con elevado nivel de formación. Consideran asimismo que la actual política de fomento de la innovación se basa en una pura transferencia de recursos al entorno productivo sin medir ni potenciar la cultura de la innovación, y proponen revisar el sistema de subvenciones y créditos, promoviendo criterios ligados a la competitividad, favorecer el carácter emprendedor de las empresas, y diseñar indicadores que permitan medir el nivel de innovación para vincularlo a los beneficios económico-fiscales disponibles. Un elemento muy importante de este informe es el estudio de distintas iniciativas y modelos de colaboración entre ciencia y empresa, de las cuales han extraído algunas pautas que podrían tomarse como referencia de futuras políticas de promoción de la innovación. En primer lugar, un elemento clave para impulsar este tipo de colaboración reside en la existencia de líderes con formación científico-técnica dentro de las organizaciones. La disponibilidad de tecnología en las empresas no es suficiente para transformarla en valor añadido, salvo que se disponga de investigadores, tecnólogos y gestores capaces de valorar y hacer un uso transformador de la tecnología. Si bien es necesario un sistema de incentivos e instrumentos de financiación públicos y privados suficientemente fluidos, un factor clave del éxito de estas iniciativas es el seguimiento y control de resultados con un sistema adecuado de indicadores. También parece importante el sistema de incentivos para el reconocimiento personal, tanto en las empresas como en el resto de las organizaciones, así como la creación de lugares de encuentro entre investigadores y tecnólogos del sector público y de las empresas para desarrollar un lenguaje común y lograr colaboraciones estables y fluidas.

Estas conclusiones, sobre las que es fácil llegar a un consenso amplio, conducen a varias reflexiones. Por un lado, confirman la incapacidad de nuestro tejido productivo para utilizar los elementos de competencia que subyacen al nuevo patrón de comercio industrial. El pequeño tamaño de sus empresas, su especialización en sectores poco intensivos en tecnología y de demanda media o débil, su escaso nivel de inversiones en actividades de I+D y de innovación, y la falta de la cultura del riesgo que debe presidir las empresas emprendedoras, sumados al escaso nivel de formación y cualificación, tanto de los trabajadores como de sus cuadros, suponen un obstáculo importante a su integración en un marco crecientemente competitivo e internacionalizado. Por otro, ratifican la necesidad de políticas económicas y tecnológicas que apuesten por la modernización de todo el tejido productivo, capaces de apoyar los sectores de futuro y a la vez extender los beneficios de la innovación a los sectores maduros y de intensidad tecnológica intermedia en que está especializada nuestra industria.

En este panorama es posible identificar otro de los rasgos determinantes del atraso tecnológico español: la desigual difusión de la tecnología y la existencia de crecientes desniveles entre sectores económicos y áreas geográficas. Se detecta una fuerte estratificación tecnológica de la estructura productiva, en la que se combinan empresas y sectores con elevados niveles de innovación junto a otros con elevados niveles de obsolescencia. El factor territorial es clave en este proceso, y la desarticulación en términos tecnológicos aumenta las diferencias entre las distintas regiones españolas, a pesar de las políticas públicas de redistribución y de la ingente cantidad de fondos FEDER recibidos en la última década.

El otro elemento imprescindible para explicar la atonía y falta de voluntad innovadora del entorno productivo español es el modelo de crecimiento que está en la base del “milagro español”. Un modelo salvaje y depredador, basado en la especulación inmobiliaria y en el despilfarro de los recursos naturales, que concentra la mayor parte del empleo temporal y relega la cualificación, utilizando la precariedad y los salarios como factores de ajuste permanente. ¿Cómo encontrar empresarios emprendedores y que asuman el riesgo de la innovación en un entorno donde el “pelotazo” es la noticia diaria? ¿Para qué hace falta tecnología si contamos con la mitad de los billetes de 500 euros emitidos en toda Europa?


¿Qué hacer?

Aunque los elementos de análisis mueven al pesimismo vale la pena reincidir en el optimismo de la voluntad y seguir reflexionando sobre las estrategias y políticas adecuadas para afrontar los retos de la internacionalización conservando y mejorando nuestro entorno productivo. Pero estas estrategias deberían ir más allá de lo tecnológico, articulando las políticas económica, industrial y tecnológica.

Las políticas de competencia vía precios y salarios, en las cuales siguen insistiendo las organizaciones empresariales y los distintos Gobiernos como receta infalible, son estrategias de miras cortas que no pueden sustituir el necesario esfuerzo de modernización e innovación. Valgan también aquí algunas definiciones. La evolución de los costes laborales unitarios (CLU), aunque no son el factor decisivo sino sólo un indicador más, pueden reflejar las mejores o pérdidas de competitividad. El CLU es el cociente entre el coste laboral por trabajador y la productividad aparente, o valor añadido por ocupado. Y la mejora de la productividad es el principal objetivo y consecuencia de la introducción de innovaciones. Habría que preguntarse por qué en todos los ámbitos donde se ha decidido la política económica en los últimos 30 años – incluyendo a catedráticos, políticos y responsables institucionales, y no sólo a los empresarios -, se sigue insistiendo en la necesidad estratégica de la moderación salarial, relegando los aspectos relacionados con la mejora de la productividad; por qué se intenta cambiar sólo el numerador de la ecuación mientras nos seguimos lamentando ante la continua pérdida de competitividad de la economía española.

Considerando un marco de competencia dinámica, alternativo al concepto neoclásico de competencia, la innovación tecnológica es un factor endógeno en los procesos de competencia, y por tanto no es un fenómeno puntual y extraordinario asociado al descubrimiento de nuevas técnicas o a la adquisición de tecnologías específicas. Es decir, las empresas compiten a través de la innovación, con sus propias estrategias para combinar los distintos factores y recursos productivos, tratando de diferenciar sus productos y las formas de producción. Así, la tecnología se convierte en una variable endógena, asociada a la capacidad empresarial, en vez de ser un factor exógeno que no se puede modificar. La introducción de innovaciones desde esta noción de competencia es, por tanto, un proceso de cambio continuo cuyos efectos sobre la productividad pueden ser mayores, a largo plazo, al de las innovaciones asociadas a grandes descubrimientos7. De las diferencias entre estrategias innovadoras derivan distintos niveles de productividad, de beneficios y poder de mercado, y de salarios entre empresas y trabajadores de un mismo sector, aún en situaciones de plena competencia. Una situación que podría describir con acierto partes importantes de la estructura productiva española, con sus desniveles y desequilibrios tecnológicos y geográficos. En un marco semejante las deficiencias en la capacidad innovadora del país no podrían paliarse con políticas de expansión de la demanda, de fomento de la importación de tecnología incorporada, o por reformas flexibilizadoras del mercado de trabajo. Desde este enfoque, para que se desarrollen procesos de innovación que, en términos agregados, tengan efecto positivo sobre la mejora del valor añadido, la productividad y el empleo, son necesarias reglas que garanticen la competencia en los mercados de producto. También las políticas públicas tienen un papel determinante en la mejora de los factores que intervienen en el aumento de la productividad general, a través de políticas de fomento del capital tecnológico y su difusión, y de capital humano, que no deberían ser generalistas sino selectivas, para reducir los niveles de productividad entre empresas8. En todo caso, el resultado final de la aplicación de las tecnologías no está determinado por ellas mismas, sino por los agentes económicos y sociales que las aplican. Las estrategias de los agentes sociales, fundamentalmente a través de la negociación colectiva, deben desempeñar un importante papel en el propio fomento de la competencia y la innovación, en la medida en que son sujetos esenciales para su desarrollo9.

Todos los datos apuntan a un fracaso de las políticas tecnológicas basadas en la mera expansión de recursos, y surge como cuestión relevante la necesidad de analizar los instrumentos actuales, sus ventajas e inconvenientes y sus efectos, antes de sumar nuevos instrumentos y programas. Tanto en el diseño de las sucesivas ediciones del Plan Nacional de I+D+i como en la mayoría de los Planes Regionales se han analizado multitud de ejemplos exitosos de cooperación tecnológica, desde las experiencias de Philips/TNO en Holanda a la colaboración Chalmers/Volvo en Suecia. Sin embargo, hay que discutir sobre las necesidades y peculiaridades de nuestro sistema Ciencia-Tecnología-Industria y sobre las condiciones de contorno en las que se desenvuelve.

Porque no es posible cambiar el patrón económico o el modelo de desarrollo sólo con política tecnológica. La necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico con políticas industriales coherentes es urgente y ese era el objetivo inicial de los Observatorios Sectoriales promovidos por el Ministerio de Industria al comienzo de la legislatura y que no han pasado de la reunión de apertura.

El sistema público de I+D es el eje vertebrador del SCTI en España. Al respecto, es urgente la necesidad de resituar el Plan Nacional de I+D como elemento básico de coordinación del sistema público de I+D y, por tanto, como eje de articulación de los programas de todos los ministerios con competencias en I+D. La definición clara de sus objetivos y la apuesta por la coordinación efectiva de todas sus políticas, siempre enunciada y nunca realizada, son la mejor garantía de su fortalecimiento.

Hay muchas propuestas válidas para reconducir las políticas tecnológicas: identificación de los problemas críticos, ventanilla única de ayudas y reducción de la burocracia, foros de encuentro, creación de indicadores que permitan medir el nivel innovador y los efectos de la incorporación de tecnologías. Pero nada será eficaz sin el convencimiento del empresariado sobre la necesidad y la ventaja de innovar. Otro reto decisivo es lograr una colaboración creciente que involucre a organismos públicos y empresas y ayude a superar la desconfianza histórica en las que ambos mundos se han movido. La colaboración eficiente entre ciencia y sistema productivo dependen de este compromiso.


Madrid, verano de 2006


1 J.M.Fernández de Labastida, en Encuentros multidisciplinares, 22 (2006) 10-23.

2 INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2003 y 2004, marzo 2006.

3 Informe sobre Innovación en Europa, AFI, abril 2006.

4 Dictamen CES 12/99 sobre Plan Nacional I+D+I (2000-2003) y Dictamen CES 9/2003 sobre el V Plan de I+D+i.

5Puede ocurrir que, un proyecto de I+D de una empresa sea financiado mediante un préstamo concedido por una institución financiera, por una empresa afiliada o por una administración pública. Los préstamos reembolsables se consideran como fondos propios”. Metodología Encuesta INE sobre Actividades de I+D, marzo 2006.

6 COSCE, Ciencia y empresa: hacia un ecosistema dinámico para la innovación en España, en Acción CRECE, 2005.

7 J. I. Palacio, Cambio tecnológico y relaciones laborales, en Ciencia y cambio tecnológico en España, Fundación 1º de Mayo, 1990

8 Frente a la teoría neoclásica del capital humano, el enfoque de la competencia dinámica considera que la productividad efectiva de cada trabajador no depende de su inversión individual en formación, sino de la empresa que lo contrate, y que lo relevante no es la suma de productividades individuales sino la productividad conjunta de los factores.

9 J. Aragón y col., Las relaciones laborales y la innovación tecnológica en España, Los libros de la catarata, 2005.