DE LA LRU SOCIALISTA A LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LOU DEL PARTIDO POPULAR

Ángel Ponce

En los casi veintiocho años de sistema democrático, modificar la normativa universitaria siempre ha sido complejo. Desde la non nata LAU (Ley de Autonomía Universitaria) de los tiempos de la UCD, hemos tenido dos leyes: la Ley de Reforma Universitaria y la vigente Ley Orgánica de Universidades.

La LRU del primer gobierno socialista vio la luz en el año 1983, ocho años después de la desaparición del régimen franquista y dejó atrás una época oscura en la que el “mandarinato” era la fórmula esencial en el funcionamiento de la universidad.

Durante la vigencia de la LRU5, la universidad española mejoro bastante y cumplió en parte con las misiones encomendadas. Fundamentalmente democratiza las estructuras y aparecen los departamentos rompiendo con la omnipresente cátedra. Absorbió con eficacia una demanda expansiva de estudios superiores por parte de una población, que se beneficiaba de una prosperidad económica creciente y en términos generales mejoró la actividad investigadora.

Pero ya en el año 1991 se empieza a perfilar la necesidad de abordar reformas. Se constataba que varios de los buenos propósitos no estaban llevándose a término y aparecen rasgos negativos como: retroceso del espíritu crítico, renuncia por parte de lo poderes públicos a financiar suficientemente la universidad, degradación de la docencia, insuficiente vinculación con el entorno social, corporativismo en el profesorado estimulado por la “funcionarización universal”, escasa consideración profesional y representatividad del PAS, no se resuelve la inestabilidad del PDI,…

En definitiva no se eliminan los problemas y contradicciones básicas que afectan al sistema universitario y en el VI Congreso de la Federación Enseñanza de 1992 se aprobó una ponencia con la propuesta de CC.OO. como alternativa a la reforma de la LRU.

Todavía han de pasar nueve años hasta el 2001 para que se modifique y lleguemos a la impuesta LOU. Durante este tiempo aparecen varios borradores de reforma y surgen diversas propuestas, debates e informes. El más conocido fue el Informe 2000, también denominado Bricall, en el que CC.OO. participó. Se elabora en un contexto en el que el MECD de Esperanza Aguirre mostraba claros indicios de pretender una contrarreforma de la LRU en la dirección de un sistema más centralista, más jerárquico y basado en el liberalismo económico.

La decisión de Aznar de aprovechar la coyuntura de una mayoría absoluta para acometer la elaboración de una Ley a medida del modelo ideológico del PP y con el objetivo de aumentar el control político de las universidades nos llevó a la imposición de la LOU en un tiempo record, evitando el debate social y político, obviando la negociación sindical y las consecuencias en la carrera profesional, y se realiza contra la voluntad de la comunidad universitaria. Por tanto, la LOU, nació sin posibilidad de permanencia en cuanto se modificara la relación de fuerzas en el Parlamento.

El oportunismo político lleva a destacados miembros del PSOE a unirse a la movilización que CC.OO. puso en marcha, y en el programa electoral de las elecciones de 2004 contempla la modificación de la legislación actual de forma tibia y con múltiples objetivos.

El PSOE ahora en el gobierno, ha enviado al parlamento una reforma muy parcial que permite, incluso profundiza en aspectos del modelo ideológico que auspició la LOU: perpetúa el excesivo reglamentismo en una ley básica, deja casi intactos los artículos referidos al régimen financiero y económico, no prevé un modelo financiero, perpetúa incentivos individuales en la retribuciones del profesorado, eludiendo la transferencia de la Enseñanza Superior a las CC.AA., sigue sin incluir a los agentes sociales en el Consejo de Coordinación Universitaria

En definitiva una reforma que intenta suavizar algunos de los aspectos más negativos de la LOU, pero sigue perpetuando los principios fundamentales y añade otros como la prematura extinción del profesorado no doctor, sin olvidar que en el proceso de elaboración del anteproyecto presentado, se ha intentado que desapareciese la contratación laboral.

No obstante sí se introducen aspectos progresistas como los derechos y libertades fundamentales, y de igualdad entre hombres y mujeres.

Puede que lo hayan dejado para otra ocasión o se haya aplicado aquello de “en el fondo no me disgusta tanto” y si se mantienen satisfechos a determinados sectores o grupos con algunas peticiones, y a los sindicatos los recibimos un par de veces, la tranquilidad está asegurada.

La esperanza de los que salimos a la calle para defender la universidad pública de la agresión que suponía la LOU, se ha quedado en esperanza.

Uno de los aspectos recogidos de las enmiendas de CC.OO. es la elaboración de un Estatuto del Personal. CC.OO. confía por enésima vez en que la negociación colectiva sea un hecho y las condiciones de trabajo previstas en este estatuto sean negociadas.