DECLARACIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

 

El Claustro de la Universidad de Sevilla, en coherencia con los principios generales contenidos en su declaración de 4 de abril de 2001, hace público su desacuerdo con el procedimiento y el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades presentado por el Gobierno, así como su apoyo a la declaración suscrita al respecto por los Rectores de las Universidades públicas de Andalucía con fecha 9 de mayo de 2001. Esta postura se basa sucintamente en los siguientes fundamentos:

Una modificación profunda del marco jurídico que sustenta la Universidad española, como la que se pretende, no puede llevarse a cabo sin realizar previamente un serio análisis que permita determinar en qué aspectos no ha funcionado bien el sistema actual y cuáles son, en consecuencia, las medidas que resultan necesarias para corregir las disfunciones que hayan podido verificarse. Para ello resulta de todo punto imprescindible establecer un período suficiente de reflexión y debate que cuente con la participación activa de todos los sectores de la comunidad universitaria, así como de la sociedad en su conjunto, en tanto que destinataria directa del servicio público universitario. Sin embargo, el anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades se está sometiendo a un procedimiento y a unos plazos de tramitación que impiden que tenga lugar dicho necesario proceso de debate y participación reflexiva.

El Claustro de la Universidad de Sevilla, como ya manifestó en la declaración realizada en la sesión celebrada el día 4 de abril, defiende que cualquier modificación del régimen jurídico de las Universidades ha de ser necesariamente respetuosa con el principio constitucional de autonomía universitaria. El anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades contiene, sin embargo, preceptos que pueden atentar muy gravemente contra dicho principio. Tal consecuencia tendrían, en este sentido, medidas que supondrían un cambio en el sistema de gobierno de las Universidades, como, por ejemplo, la introducción en la composición del Consejo de Gobierno (que sustituiría a la actual Junta de Gobierno) de un tercio de miembros no académicos designados por el Consejo Social.

En lo que respecta a la definición de la carrera docente, el anteproyecto de Ley no garantiza la resolución de los problemas actuales, mientras que puede poner en peligro la necesaria estabilidad y promoción del profesorado. El acceso y la continuidad en la carrera docente se sujetan a una gran cantidad de requisitos que complican y dificultan enormemente su desarrollo, sin garantizar con ello una mejora de la calidad de la docencia y de la investigación. Por otra parte, se podría institucionalizar la precariedad del profesorado, al elevarse hasta el 49 % el porcentaje máximo de contratados sobre el total de la plantilla docente de cada Universidad. Esta disposición resulta tanto más sorprendente en la medida en que entra en clara contradicción con los objetivos del Plan de Mejora, Estabilidad y Promoción del profesorado, acordado recientemente entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Universidades.

Las nuevas formas de acceso a la Universidad previstas en el anteproyecto, por otra parte, no se explicitan adecuadamente, resultando ambiguas. No obstante, al abrir la puerta a sistemas de acceso diferenciados según los procedimientos que fije cada Universidad, y al dar al Gobierno central la potestad de establecer límites máximos de admisión de alumnos en las titulaciones que decidiere, no sólo por exigencias de Directivas europeas, sino también por imprecisos "motivos de interés general", pueden atentar contra el principio democrático de igualdad de oportunidades. Adicionalmente, hay que lamentar que el anteproyecto de ley no otorgue la importancia que merece a la docencia universitaria, como fundamento que es del servicio público que reciben los estudiantes.

La aplicación práctica de los preceptos contenidos en el anteproyecto podría suscitar problemas de coordinación entre las administraciones públicas central y autonómicas y las propias universidades, en detrimento de la calidad y eficiencia del servicio público universitario. Tal situación derivaría, por ejemplo, de la capacidad otorgada a las Universidades para establecer centros en otras comunidades autónomas distintas de las de su implantación.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades presentado por el Gobierno apenas disimula la voluntad de fortalecer a las universidades privadas, lo que acarreará el debilitamiento del sistema público universitario. De esta forma, se prevé dar entrada a las Universidades privadas, en pie de igualdad con las públicas, en el Consejo de Coordinación Universitaria, que sustituye al actual Consejo de Universidades y que tiene importantes competencias que afectan a las Universidades públicas. La posibilidad, aludida anteriormente, de establecer centros universitarios en otras Comunidades Autónomas distintas a aquélla a la que la Universidad pertenezca, aunque resulta sobre el papel igual tanto para las Universidades públicas como para las privadas, es una medida que en la práctica sólo sería utilizable por estas últimas. Por otra parte, en ningún momento se exige a las universidades privadas controles académicos, docentes o científicos sobre su profesorado.

Frente al objetivo expresado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de facilitar la existencia de un gobierno de las Universidades más ágil y eficiente, el anteproyecto prevé la aparición de nuevos órganos que complican el sistema de gobierno, al no delimitar adecuadamente la composición de los órganos académicos y no académicos y al atribuirles competencias en conflicto. De mayor gravedad aún resulta el hecho de que no esté suficientemente garantizada la necesaria participación de todos los sectores concernidos por el servicio público universitario. La disminución del porcentaje de representación de los estudiantes y del P.A.S. es sensible en todos los órganos universitarios, llegando a ser su participación puramente testimonial en el Consejo de Gobierno, en el que sólo ocuparían un porcentaje del tercio de este órgano elegido por el Claustro Universitario.

La financiación del sistema público universitario ha constituido un problema de enorme importancia en la etapa reciente vivida por las Universidades españolas. El Claustro de la Universidad de Sevilla se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de la existencia de un marco financiero de las Universidades suficiente, justo, objetivo y equiparable a la media europea. En su declaración de 4 de abril, el Claustro subrayó que la suficiencia y la autonomía financieras constituyen una dimensión insoslayable de la autonomía de las Universidades, insistiendo en que el sostenimiento de las Universidades públicas debe basarse en un sistema de financiación pública que haga posible la homogeneidad de todas ellas en el conjunto del sistema universitario mediante una Ley de financiación de las Universidades que garantice el establecimiento de un marco estable, suficiente, equitativo y solidario. Por ello, resulta lamentable constatar que el anteproyecto de ley no contiene referencia alguna a los problemas financieros de las universidades ni a los que pudieran derivarse de la aplicación de las medidas contenidas en el mismo.

Por todo lo anteriormente expresado, el Claustro de la Universidad de Sevilla solicita la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades presentado por el Gobierno y exige que cualquier otra iniciativa en este sentido se plantee con los plazos suficientes para permitir el imprescindible debate del anteproyecto que procure el consenso y que impidan que sea elaborado y tramitado al margen de la comunidad universitaria.

 

Sevilla, 18 de mayo de 2001