1º borrador
Para el Programa Electoral de IU - 2004
UNIVERSIDAD

Derogación de la LOU i elaboración de una nueva Ley de Universidades

El proceso de elaboración y aprobación de la nueva ley de universidades ha supuesto un ejercicio de despotismo por parte del partido gobernante. Tanto la forma en que se elaboró como el resultado habido, han merecido la respuesta unánime de numerosos colectivos, entre ellos el universitario. Sin tener en cuenta la experiencia habida en los últimos años, la Ley Orgánica de Universidades aparece como un proyecto propio del Partido Popular, con una base política centrada en los principios ideológicos de la derecha más reaccionaria y con el objetivo último de someter el sistema universitario a los deseos e intereses de la administración política y de los intereses del capital.

Desde Izquierda Unida nos proponemos promover la derogación de la LOU y sustituirla por una ley que, siguiendo los principios programáticos de una Universitat Pública, Autónoma, Democrática y de Calidad que IU propugna, cuente con la participación activa en su elaboración de las organizaciones sociales y en especial de las propias universidades.

El proceso de derogación y sustitución de la LOU debe respetar el funcionamiento normal de las universidades que, en el momento actual, han modificado sus estructuras acordes con la ley a derogar. Es por ello que IU se propone actuar de forma inmediata en los siguientes ámbitos:

1. Legal y de consenso: Iniciando de forma inmediata el proceso de elaboración de una Ley de Universidades que tome como punto de partida la Ley de Reforma Universitaria de 1985 y la experiencia acumulada de 18 años de aplicación; que cuente con la participación activa de los colectivos e instituciones implicados; que busque el consenso y dé a la universidad el papel social que le corresponde.

Dentro de este contexto y de forma inmediata y provisional, IU promoverá cambios parciales en la ley que, sin afectar al funcionamiento normal de las universidades corrija algunos de los aspectos más perniciosos de la LOU.

2. De promoción de la democracia: Fijando unos porcentajes mínimos de participación de los distintos colectivos en los órganos de gobierno de las distintas universidades (50% PDI, 30% estudiantes, 10% PAS); regulando la obligatoriedad en la transparencia en la gestión y la creación de mesas de negociación administración-sindicatos. Provisionalmente, aquellas universidades que no cumplan con los mínimos propuestos deberán ajustar sus órganos a la nueva ley, sin que se vean afectados otros artículos de sus nuevos estatutos.

2. Financiero. Dotando a las universidades de los presupuestos necesarios, nunca inferiores a la media europea, y con el objeto de promover la universalización real de los estudios universitarios, tendiendo a su gratuidad y a la corresponsabilidad de los estudiantes, en cuanto a participes y beneficiarios del esfuerzo colectivo en aras de una universidad publica, gratuita y de calidad.

3. Cultural. Dotando y apoyando a las universidades para que se conviertan en generadoras y promotoras de la cultura y la lengua propias de cada región del estado. Promoviendo el uso de la crítica libre como carácter distintivo de una institución que debe integrarse en la sociedad desde una perspectiva científica y, por lo tanto, libre de condicionantes externos que restriñan su libertad de criterio.

4. De calidad. A partir de una agencia de acreditación que, plenamente inmersa en el mundo universitario y con los medios necesarios para cumplir sus funciones, sea capaz de evaluar la calidad científica y docente de las universidades, facultades, escuelas y titulaciones, realizando propuestas de actuación de cara a suplir carencias e indicando, en general, los objetivos de calidad que deben cubrir las diferentes titulaciones. Para ello, IU replanteará la composición y objetivos de la actual agencia de acreditación y evaluación del sistema universitario en la línea mencionada. En este contexto, adquiere especial interés el papel de la agencia en el proceso de convergencia europea como herramienta de apoyo en el proceso de transformación que se avecina.

5. De integración en la sociedad, con la promoción de una ley de consejos sociales que redefina los objetivos y la composición de estos órganos, sustituyendo sus funciones de control político-administrativo del sistema universitario, por una colaboración eficaz en aras a la compresión y conocimientos mutuos entre universidad y sociedad. La composición de los consejos sociales debe apoyarse en tres grupos equilibrados: la universidad, la administración y grupos políticos, y una representación organizaciones sociales que deben cubrir todas las áreas posibles de interés social, desde sindicatos y organizaciones empresariales hasta grupos ecologistas, de derechos humanos, etc.

6. En defensa de calidad, que pasa por promover una plantilla del profesorado con calidad suficiente, facilitando la formación y la ejecución de una carrera docente de acuerdo con las expectativas propias de una formación investigadora de calidad. Para ello se mantendrán provisionalmente las actuales figuras de profesor contratado eliminando los obstáculos existentes para el desarrollo normal de una carrera docente. Así, se eliminarán los dos años de desvinculación con la universidad, necesarios para acceder a la figura de contratado doctor, sustituyéndolos por políticas activas de promoción y financiación de estancias de profesores en otras universidades y sin que el profesor tenga que desvincularse de su universidad de origen. Se eliminará la necesidad de la acreditación para pasar a ayudante doctor (un ayudante que obtuviese el título de doctor pasaría automáticamente) y se fijarán con claridad los requisitos necesarios para ser contratados como profesor contratado doctor.

En esta línea de actuación, se sustituirá el actual sistema de habilitaciones, por una habilitación curricular, sin límites en número, que asegure que los posibles candidatos a una plaza de funcionario cumplen unos requisitos suficientes acordes con las características de la plaza solicitada.

7. De coordinación interuniversitaria. Con la creación en cada país o comunidad autónoma de un organismo interuniversitario capaz de coordinar la actividad docente e investigadora desarrollada en las distintas universidades, suplir carencias y realizar un mapa de titulaciones que permita cubrir con suficiencia las necesidades objetivas observadas a corto y medio plazo y de fijar y apoyar aquellas titulaciones que por motivos culturales y sociales son necesarias de forma independiente a su mayor o menor demanda.
 
 

Financiación y Estudios

La investigación y la docencia universitarias deben tener la consideración de servicios públicos de interés general y carácter estratégico, en tanto que condicionan la posibilidad de un desarrollo sostenible para el que la I+D+I (Investigación+Desarrollo+Innovación) es un componente esencial. Por ello, dichos servicios públicos deben ser sostenidos por una financiación pública a través de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La perspectiva debe ser tender a la generalización de la Enseñanza Superior en sus distintas facetas (que actualmente incluirían la Enseñanza Universitaria y la Formación Profesional Superior), pero sin divisiones rígidas entre ellas, dada la necesidad de fomentar la creatividad y la innovación en toda actividad profesional, de manera que se facilite el paso de una a otra. El acceso a tales estudios debe reconocerse como un derecho de quienes hayan superado los niveles previos. Por ello, debe tenderse a la completa gratuidad de la Enseñanza Superior, complementada con un sistema de retribución por el estudio que permita a todo el estudiantado subvenir a sus necesidades de mantenimiento y formación. En esta perspectiva, habrá que proponer medidas que pauten el avance hacia dicho objetivo.

En ese sentido, propondremos:

Dichas propuestas deben conllevar que: Por otra parte, deberá garantizarse una adecuada dotación de medios materiales y humanos para una docencia con métodos activos y participativos, sin la cuál las directrices europeas al respecto no podrían hacerse efectivas

Por lo que se refiere a la investigación, deberá asegurarse la completa financiación pública de una investigación básica de calidad como actividad central de la Universidad Pública. Complementariamente, la Universidad podrá establecer convenios con organizaciones sociales sin ánimo de lucro, con otras entidades públicas, y en su caso con empresas privadas, para desarrollar programas especiales de investigación de interés social, favorecer la aplicación de la investigación básica y estimular el desarrollo extrauniversitario de programas de investigación aplicada, para lo cuál podrán establecerse programas específicos de formación de investigadores. Los poderes públicos velarán por que la prestación de servicios de asesoramiento o investigación por las Universidades no malverse los recursos públicos.
 
 

Personal Docente e Investigador

Sin duda alguna, entre los efectos más perniciosos de la LOU hay que señalar, por una parte, la pérdida de democracia participativa en nuestras universidades y, por otra, una vuelta a la época predemocrática por lo que se refiere al acceso a la universidad. Pero, no menos perversa es la general pérdida de autonomía universitaria que implica la ley del PP, autonomía básica en cualquier sociedad democrática.

Esta pérdida de autonomía se plasma, sobretodo, en secuestrar a las universidades el derecho de formar y contratar a su profesorado y dificultar la puesta en marcha de una carrera docente e investigadora para el profesorado universitario.

Por eso, desde Izquierda Unida, proponemos el siguiente plan de carrera docente e investigador-

El profesorado, que tendrá funciones docentes e investigadoras, estará formado por funcionariado y personal contratado laboralmente en la forma que establezcan los Estatutos de la Universidad.

El profesorado en formación será contratado laboralmente como Ayudante de forma temporal con una docencia reducida, teniendo como tarea central su formación docente e investigadora, con la obtención del doctorado, y, en su caso, con una primera fase orientada a la obtención de la suficiencia investigadora. La contratación como Ayudante requerirá la posesión del título de Licenciado o equivalente, o, en aquellas Áreas de Conocimiento en las que así se establezca, de Diplomado, en cuyo caso se preveerá una mayor duración de la primera fase.

El profesorado permanente deberá estar en posesión del doctorado y será Contratado con contrato indefinido o Titular con adscripción a una plaza funcionarial. En aquellas Áreas de Conocimiento en las que así se establezca podrá existir la figura de Contratado o Titular de Diplomatura sin el requisito del Doctorado. El total de profesorado Contratado no superará el 20% de la plantilla docente de la Universidad.

El acceso a la condición de Titular requerirá la previa habilitación que acredite la madurez docente e investigadora. Los concursos de habilitación podrán ser convocados por el Estado, por una o varias Comunidades Autónomas y por una o varias Universidades, con validez para el ámbito correspondiente, y serán resueltos por comisiones formadas por especialistas de distintas Universidades de la Unión Europea.

La adscripción a una plaza funcionarial como Titular se realizará por concurso resuelto por una Comisión de la misma Universidad de acuerdo con sus Estatutos, atendiendo a la idoneidad para las tareas a realizar.

El Estado, una o varias Comunidades Autónomas y una o varias Universidades podrán convocar concursos de habilitación entre Titulares para la categoría de Catedrático por comisiones formadas por especialistas de distintas Universidades de la Unión Europea que tengan la condición de Catedrático o equivalente. Dicha habilitación capacitará para el desempeño de las funciones de dirección académica que se establezcan en los Estatutos de la Universidad. La condición de Catedrático se adquirirá por la asunción de dichas funciones de acuerdo con el catálogo de puestos de trabajo de la Universidad y por los procedimientos establecidos en sus Estatutos.

Las Universidades podrán también contratar a profesorado Asociado a tiempo parcial entre profesionales de reconocida competencia que desarrollen principalmente su actividad fuera de la Universidad. El total de profesorado Asociado no superará el 20% de la plantilla docente de la Universidad..

Las Universidades podrán contratar a profesorado Visitante entre el profesorado permanente de otras Universidades para la realización de estancias temporales en la propia.

Si una Universidad establece un perfil lingüístico docente para una plaza, podrá requerir la correspondiente competencia lingüística para el acceso a la misma.

La Universidad podrá contratar también laboralmente de forma temporal Personal Investigador en Formación.
 
 

Personal de Administración y Servicios

El Personal de Administración y Servicios estará formado por personal funcionario o contratado laboralmente para la realización de funciones administrativas, de servicios o de auxilio a la docencia y la investigación.

El acceso a las plazas de Personal de Administración y Servicios se realizará por concurso o concurso-oposición libre o por concurso de promoción.

Ante los cambios profundos en las funciones del Personal de Administración y Servicios, las Universidades establecerán planes estratégicos de formación y promoción de su personal para así regularar una carrera profesional bien definida.

Las Universidades podrán también realizar convenios con otras Administraciones Públicas para facilitar el acceso recíproco de su personal a las correspondientes plazas, sin perjuicio de las especificidades que se deriven de las características de cada plaza.