Proposición no de ley de IU sobre los becarios de investigación:

 

Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales

El Estatuto de los Trabajadores marca cuatro elementos como característicos de una posible relación laboral: voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia.

Estos cuatro aspectos se cumplen en el caso de los investigadores, ya ejerzan su labor en el ámbito privado o público; dentro de la empresa, en un instituto de investigación o en la universidad.

Efectivamente, el investigador realiza su actividad voluntaria, no coercitiva, dentro de un programa global, una finalidad aprobada por la dirección de una empresa o por un responsable público; en equipo y con una dependencia jerárquica establecida. La forma de entrar en ese equipo suele hacerse por concurso meritorio. El fruto de su actividad, por lo menos, es compartido con el centro al que pertenece. Por último, recibe una mayor o menor remuneración siempre sujeta al impuesto sobre la renta como renta de trabajo.

Todos estas características que definirían el trabajo ejercido en la investigación como un trabajo normal por cuenta ajena y su concreción, según sean sus particularidades, en las diversas modalidades de contratos laborales, en el caso de nuestro país y su inveterada costumbre de la provisionalidad y la chapuza se transforman en más de 100 tipos de ‘becas’ que, dadas sus características, carecen del reconocimiento de relación laboral y de sus derivadas de derechos sociales.

El abanico de prestaciones económicas es muy variado y se da la circunstancia de que dos o más investigadores en el mismo departamento, función y dedicación tengan remuneraciones diferentes dado que sus ‘empresarios’, los distintos ministerios o universidad, pagan y dan coberturas desiguales. Coberturas sociales limitadas en muchos casos a la prestación parcial sanitaria concertada con sociedades médicas privadas. Ésta es una de las sinrazones de la Administración: para abaratar el coste del trabajo de los investigadores no se les hace contratos laborales; para paliar la precariedad institucionalizada se les ningunea con el pago por las Administraciones de pólizas de seguros privados médicos o accidentes sin la misma cobertura que desarrolla la Seguridad Social a la que regatea ingresos y afiliaciones. Eso en el mejor de los casos, porque son de público conocimiento los casos en los que se suspendían las ‘becas’ por embarazos, o incapacidades. A pesar de sentencias judiciales desfavorables a la Administración por rechazar la relación laboral y casos sangrantes en caso de accidente, ésta mantiene grotescas ‘explicaciones’ dada su terquedad en mantener la precariedad de la ‘beca’, cuando lo sencillo, justo y racional sería su convertibilidad en contratos laborales ‘normalizados’.

La investigación no es un proceso romántico individual. Forma parte de la estrategia de desarrollo de un país o de una empresa. Un departamento sigue unas líneas de investigación y el actual investigador ‘becario’ forma parte de un engranaje que coadyuva al resultado final. No son meros estudiantes que no puedan ejercer su título. Por el contrario, son titulados universitarios habailitados para desarrollar su actividad investigadora o laboral de otro tipo, como la de la enseñanza o equivalente a la que realizan los médicos internos residentes. La condición de concesión de ‘becas’ se formula con exigencias de ‘exclusividad’ en la dedicación, pero impidiendo la adquisición de devengos sociales como los que podrían tener otros compañeros que ejercieran en otros ámbitos laborales. Por supuesto, al igual que el resto de investigadores, y de otros muchos trabajadores, el profesional investigador ‘becario’ en ese proceso adquiere nuevos conocimientos y destrezas. ¡Y hay becarios con más de cuarenta años! El problema que debe solucionarse ahora es la inseguridad laboral y social con la que se presta esa actividad.

Resulta necesario que las personas que se dedican a la investigación y explícitamente las personas que se han perpetuado en este régimen singular de ‘becarios’- tengan cubiertas sus necesidades por enfermedad y accidente para sí y su familia, hayan devengado derechos para sus futuras pensiones y cotizado para la prestación de desempleo. De esta forma, habrá una mínima red de seguridad para trabajar en la investigación. Porque el mal ejemplo de las diferentes Administraciones Públicas de planificar la precariedad se ha convertido en un cáncer de las relaciones laborales en el sector privado. La ingeniería social practicada por algunas empresas desaprensivas de ahorrarse cotizaciones sociales ha encontrado en la selva de las ‘becas’ un prolífico escenario de abuso e injusticia para investigadores y toda clase de trabajadores en precario.

El Gobierno del PP ha incumplido durante años su compromiso de establecer un Estatuto de los Investigadores, a pesar de sus promesas realizadas a la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios. La explicación de ese incumplimiento quizá se deba a que en un informe previo a ese nonato Estatuto se decía que se debe "eliminar de las becas el carácter de precariedad que ahora tienen" para los actuales becarios postdoctorales. Sus redactores reconocían la perversión de una compensación económica, la beca, que en "numerosas ocasiones encubren diferentes prestaciones de servicio"; o que con becas se intente subsanar la carencia de personal técnico "con la confianza en que trabajarán como técnicos o/y investigadores". Aconsejaban que las ‘ayudas’ contemplen el derecho a sus beneficiarios a una cobertura sanitaria integral; se contemplasen en las convocatorias las bajas por maternidad, licencias por paternidad y bajas por maternidad, y que todos estos beneficios se extendieran a todas las personas que dependen de ellos. Consideraban que debería establecerse el derecho a un período de 30 días naturales de vacaciones. Y aunque no se pusieron de acuerdo sobre la continuidad de las becas, ante los problemas jurídicos que suponen existentes (dada la definición de trabajador dependiente en el artículo 97 de la Seguridad Social cuya modificación parcial para subsanar ese problema aprobada en las Cortes de Aragón, el PP en solitario rechazó en el Congreso de los Diputados el pasado día 10 de diciembre de 2002) proponen como posible alternativa (en lugar de una posible modificación de la ley) la consideración de un régimen especial para los becarios-investigadores, pero no sin antes, declarar "es de desear que el gobierno modifique la legislación para que las becas vayan pareciéndose a contratos laborales."

Si al insuficiente presupuesto dedicado a la investigación, al gran derroche por el que parte de éste es dedicado a los ingenios militares, le sumamos el escaso incremento que recibe, que pone en peligro el objetivo europeo de que al final de la presente década su presupuesto esté en torno al 3 por ciento del PIB y la descoordinación administrativa ante las múltiples competencias; si le añadimos las tensiones creativas que se producen ante la apuesta de macroproyectos europeos y la dificultad de asentar ‘masa crítica’ investigadora, la precariedad social y el despotismo ilustrado de unas relaciones laborales arbitrarias multiplicadas en las características de las ‘becas’ que el Gobierno mantiene contra viento y marea, admitiremos que en el mundo de la investigación hay elementos manifiestamente mejorables.

Es hora de dar una mínima dignidad al trabajo de la investigación y de las personas que la hacen posible y seguir mejorando y buscando soluciones estructurales a sus problemas, pero hay que empezar por las personas, después los programas y presupuestos y por último los edificios y el cortar las cintas de inauguración.

Proposición no de ley:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1º Establecer contratos laborales en lugar de becas a los investigadores ya licenciados con todas las prestaciones sociales y derechos y obligaciones acordes a las diferentes modalidades de contratación laboral.

2º A considerar como ‘empresa’ a los centros de investigación de los que dependan.

3º Que dadas algunas características específicas del trabajo de investigación, la carrera científica y de la problemática acerca de la propiedad intelectual que se pueda dar con motivo de aquel, independientemente de la contratación laboral normalizada, redacte un Estatuto del Investigador acorde a lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

4º A la creación de un Registro General del Investigación que recoja las líneas de investigación, recursos y censo de las personas dedicadas a la misma, independiente de las Administraciones, Organismos y empresas patrocinadores de nuestro país. Este instrumento podría servir a una política de coordinación y de apoyo a la coherencia de la investigación, la de estimular alguna línea de investigación, desarrollo e innovación subrepresentada, así como la de fijar una política de inversión, subvención, gasto fiscal, etc desde las diferentes Administraciones condicionada también a los recursos y condiciones laborales del capital humano dedicado a la I+D+I.

4º Que aprovisione de los fondos necesarios para que las cotizaciones sociales de los contratos laborales sustitutorios de las becas sean sufragados por los diferentes centros contratantes y no se disminuya el número de beneficiarios o se reduzcan las remuneraciones a los investigadores.

5º Que regularice los devengos de cotizaciones de ejercicios pasados a los actuales o antiguos investigadores para que puedan disfrutar de las mismas bases de cotización en el caso de que en lugar de su precariedad contractual hubieran tenido contratos laborales.

6º Que aleccione a los servicios de inspección de trabajo para que realicen su función de desvelar relaciones laborales allí donde se diga que sólo existe una labor de formación en licenciados pero que formen parte de un proceso de investigación.