IU                              AREA FEDERAL DE EDUCACIÓN


PROGRAMA-MARCO AUTONÓMICO 2007
(Primer borrador)

INTRODUCCIÓN

La educación pública, nuestro compromiso

IU ha defendido siempre que la educación pública ha de ser una prioridad política porque contribuye, de manera especial, a una mayor cohesión social y a la formación de personas más libres, más críticas y más iguales. Nuestras propuestas programáticas, tanto en el ámbito autonómico como en el municipal, deben ser ante todo coherentes con el modelo educativo que propugnamos y que está recogido tanto en el Programa de Educación presentado en las elecciones generales de 2004, como en los diversos documentos y Resoluciones aprobados en el seno de la organización, a lo largo de estos dos últimos años, especialmente con motivo del proceso seguido en el debate y reciente aprobación de la LOE.

Los ejes vertebradores de nuestro modelo educativo y, en consecuencia, de las propuestas de actuación que planteamos, responden a los siguientes principios:


IU ante el desarrollo de la LOE

Nuestras propuestas programáticas responden también al nuevo marco legislativo establecido por la LOE, cuyo desarrollo y aplicación corresponde ahora a las Comunidades Autónomas. IU ha mantenido una postura muy crítica con aspectos relevantes de la LOE que se alejan de nuestro modelo educativo; en coherencia con ello, planteamos una serie de medidas tendentes a contrarrestar sus efectos más negativos en su próximo desarrollo autonómico.

Nos referimos sobre todo a las consecuencias derivadas de que la nueva ley NO apueste por la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo, sino por una concepción del servicio público de educación según la cual éste puede ser prestado indistintamente por los poderes públicos o por la “iniciativa social” (o sea, privada). La ley también amplía los conciertos educativos, que se extienden a las etapas no obligatorias, generalizándose en el segundo ciclo de Educación Infantil. Y además equipara el derecho de todos a la educación con la "libre elección de centro", supeditando a ello el deber de los poderes públicos de programar plazas escolares suficientes. Todo ello contribuye a una creciente privatización de la educación, especialmente donde gobierne la derecha, fomentando incluso la creación de más centros privados, a instancias de los propios poderes públicos, mediante cesiones de suelo con el compromiso de concierto garantizado (como ya se está haciendo en CCAA gobernadas por el PP).

La ley lamentablemente mantiene el adoctrinamiento religioso dentro de la escuela pública y dentro del currículo para quienes opten por ello, dejando abiertas demasiadas posibilidades para el resto del alumnado, incluso la de poder obligarles a cursar una materia alternativa (¿a gusto de la jerarquía eclesiástica?), adaptada al horario y las exigencias de quienes siguen imponiendo sus privilegios amparándose en unos acuerdos anticonstitucionales. IU exige que de una vez por todas se denuncien tales acuerdos y que la religión salga del currículo; y mientras tanto, esas enseñanzas se impartirán, para quienes expresamente las soliciten, fuera del horario escolar.

Por otra parte la ley tiene otros aspectos censurables que intentaremos corregir: no impide la segregación por razón de sexo en etapas o aulas sostenidas con fondos públicos; ni corta de raíz cualquier posibilidad de cobro a las familias por enseñanzas concertadas; ni somete a los centros privados concertados a los mismos requisitos de funcionamiento y control social; ni evita la competencia desleal de éstos con la red pública; ni asegura que la cesión de suelo público sea sólo para la creación de centros públicos; ni siquiera se considera falta grave el despido improcedente del profesorado de los centros concertados.

Éstas y otras cuestiones asociadas al nuevo marco legal pueden desvirtuar sus vertientes más prometedoras, incluido el incremento progresivo de financiación hasta alcanzar (¡en 10 años!) el porcentaje medio de la UE, ya que buena parte de los fondos comprometidos se destinarán a los ampliados conciertos educativos, en detrimento de los recursos que necesita la educación pública.

IU pondrá todos los medios a su alcance para impedir un desarrollo autonómico de la LOE que margine a la escuela pública y fomente la consolidación de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, abocados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población y a las zonas rurales; y otra, la integrada por los centros privados concertados, con un peso e influencia cada vez mayores entre las distintas capas de las clases medias urbanas.


EJES PROGRAMÁTICOS

1. Una educación pública de calidad para la igualdad

Para IU el mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad pasa por defender a ultranza un sistema público de enseñanza que, desde la educación infantil hasta la universitaria, esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y de los valores democráticos.

La mejora de la calidad de la enseñanza se ha convertido en un eslogan que utilizan todas las formaciones políticas y sindicales, así como múltiples organizaciones sociales, sean o no del ámbito educativo. Esta especie de muletilla es una expresión vacía si no se aclara qué se entiende por una educación de calidad.

Para IU la calidad de la enseñanza consiste en garantizar una educación pública y laica cuyo objetivo prioritario sea asegurar a todo el alumnado el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática. Se trata de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque una educación de calidad o sirve para que el conjunto de la población logre las capacidades básicas requeridas o no es de calidad. En resumen, una educación de calidad es aquella que da respuesta a las diversas necesidades educativas del conjunto de la población para lograr su éxito escolar, mediante una efectiva igualdad de oportunidades y una gestión democrática, transparente y socialmente eficaz.

Nuestras propuestas programáticas se inspiran, por tanto, en una concepción de la calidad educativa que está indisolublemente unida al carácter público de la enseñanza como garante del ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.


Propuestas de actuación


2. Una red de centros públicos suficiente y vertebradora del sistema educativo

La enseñanza pública ha venido sufriendo agresiones continuadas por parte de ciertos gobiernos autonómicos, tanto en el plano de la financiación como en el deterioro de su imagen y de sus propias señas de identidad. Frente a ello, la patronal de la enseñanza privada (mayoritariamente confesional) ha logrado potenciar el papel de sus centros mediante la extensión de los conciertos y la selección de su alumnado, lo que conduce a la marginación de la educación pública, abocada a convertirse en numerosas zonas en una red educativa subsidiaria y asistencial.

IU se viene oponiendo desde hace años a las tendencias privatizadoras de la educación en sus diferentes niveles, y de manera especial a la abusiva política de conciertos que ha fomentado el PP y algunos gobiernos autonómicos del PSOE. La LOE, por su parte, no permite albergar mejores expectativas al respecto, ya que reconoce a la llamada “iniciativa social” su plena capacidad para prestar el servicio público educativo, en igualdad de derechos, no de deberes, que los centros de titularidad pública.

Frente a ello, nos pronunciamos abiertamente por potenciar una red suficiente de centros públicos que garantice, en su extensión y oferta educativa, el derecho a la educación en todas las etapas educativas, tanto en las enseñanzas régimen general como en las de régimen especial.


Propuestas de actuación


Centros privados concertados



3. Descentralización, autonomía y participación democrática

Entendemos la descentralización como un requisito al servicio de una mayor participación democrática en la gestión de los servicios públicos. Desde esta óptica, nuestras propuestas programáticas tienen esa doble vertiente: la distribución de competencias (Autonómicas, de Distrito Escolar, Municipales) unida a órganos de participación ciudadana que tengan capacidad reconocida para intervenir en la toma de decisiones en su ámbito.


3.1. Creación de Distritos Educativos

Para IU la culminación del largo proceso de transferencias educativas a todas las CC.AA. supuso sólo una primera etapa de la descentralización administrativa. La segunda debe consistir en la creación de distritos educativos que permitan, por un lado, una mayor participación de los sectores educativos y sociales en la gestión del sistema público de enseñanza; y por otro, un conocimiento más cualitativo de las necesidades y un mejor aprovechamiento de los recursos educativos disponibles.

Concebimos el distrito escolar o educativo como la unidad orgánica y funcional en que se estructura el conjunto de recursos humanos, físicos, curriculares y materiales que se van a aplicar en el servicio educativo en un marco geográfico delimitado.

La red de distritos educativos tiene que servir para acercar a la ciudadanía el servicio educativo y los centros o unidades de información, asesoramiento y gestión. Además de ese objetivo básico, los siguientes criterios pueden ayudar a perfilar la mejor solución en cada ámbito territorial:

– Cada Distrito debe desplegar una oferta educativa plena desde los 0 a los 18 años de edad (Educación Infantil, Primaria, ESO, Programas de Cualificación Profesional, Ciclos formativos de FP y todas las modalidades de Bachillerato), una oferta específica para personas adultas, enseñanza a distancia y en régimen presencial nocturno, así como Secciones de la Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas.

– Cada distrito educativo debe abarcar un número máximo de habitantes y un número mínimo de potenciales usuarios, que justifiquen la oferta educativa antes expuesta sin duplicar o malgastar recursos.

– Cada Distrito debe tener una amplitud geográfica razonable, de modo que la baja densidad de población no haga necesario recorrer grandes distancias para satisfacer en el Distrito la demanda educativa.

– Cada Distrito debe contar con la red de apoyo al servicio educativo necesaria para que éste se realice con la calidad adecuada: un Centro de Profesores, una unidad administrativa y de gestión de la Consejería de educación, Servicio de Inspección Educativa, equipos de apoyo psicopedagógico, Servicio médico escolar, Secciones sindicales y Juntas de personal de distrito del profesorado, PAS y laborales.

- En cada distrito existirá un Consejo escolar con participación de representantes de las dos administraciones, de los distintos sectores de la comunidad educativa y de otras organizaciones sociales con implantación en la zona.

– En cada Distrito existirá un Consejo de formación profesional, con representación de los agentes sociales, que planificarán, promoverán y supervisarán la implantación de una formación profesional ajustada a la demanda social y al tejido productivo.

- Los Distritos responderán a una de las siguientes tipologías básicas:

Distrito municipal: Cuando las características del municipio (población, extension territorial, etc.) coinciden con los requisitos de un distrito escolar.

Distrito urbano: Cuando la gran extensión del municipio hace aconsejable dividir éste en varios distritos.

Distrito comarcal o insular (plurimunicipal): Cuando varios municipios integran un distrito. Con dos variantes: a) Distrito integrado por un gran municipio aglutinante y varios municipios vecinos más reducidos; b) Distrito “rural” o “comarcal” integrado por municipios reducidos, de tamaño similar, que integran una zona o comarca geográficamente identificable.



3.2. Autonomía de los centros y participación democrática


La autonomía de los centros es un factor de calidad, en tanto que necesaria para poder ofrecer una respuesta educativa ajustada a las características y necesidades de su alumnado y de su entorno. Además el ejercicio de la autonomía favorece una mayor implicación de los distintos sectores de la comunidad escolar, a través de su participación democrática en la toma de decisiones.

Todo ello nos lleva a plantear medidas que fomenten la autonomía y la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros y en la del propio sistema educativo.


Propuestas de actuación


4. Profesorado y otros profesionales de la educación

En cada Comunidad Autónoma, previo acuerdo con los representantes sindicales del profesorado, se aplicarán las siguientes medidas:


5. Una financiación pública suficiente y solidaria

IU apuesta claramente por un modelo de Estado federal solidario, en el que los déficits que puedan presentar determinados territorios, respecto al ejercicio de derechos fundamentales, tendrán que ser compensados arbitrando mecanismos de financiación específica. Este planteamiento resulta especialmente adecuado a la situación de la educación en nuestro país, dadas las importantes desigualdades territoriales que existen al respecto, desigualdades que se presentan también dentro de las diferentes CC.AA. Por ello, nuestras propuestas programáticas sobre financiación pretenden, ante todo, que las oportunidades educativas de todos los ciudadanos y ciudadanas sean básicamente iguales, al margen del hecho de residir en una u otra comunidad autónoma, o de vivir en una zona rural o urbana.

La financiación pública de la educación debe ser, en cada C.A., suficiente y solidaria. Lo primero, para asegurar una oferta educativa pública que garantice la aplicación de las reformas en marcha y sea adecuada a las necesidades de cada territorio (C.A., Distrito, Municipio); y lo segundo, para evitar desigualdades en las oportunidades educativas entre la población de unas zonas y otras.


Propuestas de actuación


6. Universidad e Investigación

IU propugna una política universitaria alternativa para garantizar la calidad de la Universidad como servicio público imbricado en el entorno socio-económico y cultural de cada Comunidad Autónoma.


Propuestas de actuación