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FEDERAL DE EDUCACIÓN
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INTRODUCCIÓN
La educación pública, nuestro compromiso
IU ha defendido siempre que la educación pública ha de ser una prioridad política porque contribuye, de manera especial, a una mayor cohesión social y a la formación de personas más libres, más críticas y más iguales. Nuestras propuestas programáticas, tanto en el ámbito autonómico como en el municipal, deben ser ante todo coherentes con el modelo educativo que propugnamos y que está recogido tanto en el Programa de Educación presentado en las elecciones generales de 2004, como en los diversos documentos y Resoluciones aprobados en el seno de la organización, a lo largo de estos dos últimos años, especialmente con motivo del proceso seguido en el debate y reciente aprobación de la LOE.
Los ejes vertebradores de nuestro modelo educativo y, en consecuencia, de las propuestas de actuación que planteamos, responden a los siguientes principios:
El derecho universal a la educación ha de ser garantizado por los poderes públicos (central, autonómico y municipal) “mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes” (art. 27.5 de la Constitución).
La educación pública es la garante del ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y democracia. Nuestro compromiso con la escuela pública es una apuesta por una educación plural y crítica, laica, participativa, coeducadora, inclusiva, compensadora de las desigualdades sociales, ligada a su entorno y gestionada democráticamente. Estos valores, auténticas señas de identidad de la escuela pública, son para IU los indicadores efectivos de la calidad educativa.
Una educación pública de calidad tiene que contar con financiación suficiente y solidaria, es decir, que asegure el derecho a la educación a todos y todas por igual. Por ello desde IU hemos reiterado año tras año la necesidad de una Ley de Financiación de la educación pública y de un Fondo de Compensación Territorial para asegurar una enseñanza de calidad en condiciones de igualdad en el conjunto del sistema educativo público.
Desde nuestro modelo de Estado federal propugnamos la autonomía educativa, entendida como una participación efectiva de todos los sectores afectados en la toma de decisiones –tal como se recoge en la propia Constitución. Por eso hemos defendido el pleno ejercicio de las competencias educativas por parte de las CCAA y abogamos también por un mayor peso de los Ayuntamientos en este ámbito, sin menoscabo de una mayor autonomía de los centros, tanto en el plano pedagógico, como en el funcional y económico.
IU ante el desarrollo de la LOE
Nuestras propuestas programáticas responden también al nuevo marco legislativo establecido por la LOE, cuyo desarrollo y aplicación corresponde ahora a las Comunidades Autónomas. IU ha mantenido una postura muy crítica con aspectos relevantes de la LOE que se alejan de nuestro modelo educativo; en coherencia con ello, planteamos una serie de medidas tendentes a contrarrestar sus efectos más negativos en su próximo desarrollo autonómico.
Nos referimos sobre todo a las consecuencias derivadas de que la nueva ley NO apueste por la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo, sino por una concepción del servicio público de educación según la cual éste puede ser prestado indistintamente por los poderes públicos o por la “iniciativa social” (o sea, privada). La ley también amplía los conciertos educativos, que se extienden a las etapas no obligatorias, generalizándose en el segundo ciclo de Educación Infantil. Y además equipara el derecho de todos a la educación con la "libre elección de centro", supeditando a ello el deber de los poderes públicos de programar plazas escolares suficientes. Todo ello contribuye a una creciente privatización de la educación, especialmente donde gobierne la derecha, fomentando incluso la creación de más centros privados, a instancias de los propios poderes públicos, mediante cesiones de suelo con el compromiso de concierto garantizado (como ya se está haciendo en CCAA gobernadas por el PP).
La ley lamentablemente mantiene el adoctrinamiento religioso dentro de la escuela pública y dentro del currículo para quienes opten por ello, dejando abiertas demasiadas posibilidades para el resto del alumnado, incluso la de poder obligarles a cursar una materia alternativa (¿a gusto de la jerarquía eclesiástica?), adaptada al horario y las exigencias de quienes siguen imponiendo sus privilegios amparándose en unos acuerdos anticonstitucionales. IU exige que de una vez por todas se denuncien tales acuerdos y que la religión salga del currículo; y mientras tanto, esas enseñanzas se impartirán, para quienes expresamente las soliciten, fuera del horario escolar.
Por otra parte la ley tiene otros aspectos censurables que intentaremos corregir: no impide la segregación por razón de sexo en etapas o aulas sostenidas con fondos públicos; ni corta de raíz cualquier posibilidad de cobro a las familias por enseñanzas concertadas; ni somete a los centros privados concertados a los mismos requisitos de funcionamiento y control social; ni evita la competencia desleal de éstos con la red pública; ni asegura que la cesión de suelo público sea sólo para la creación de centros públicos; ni siquiera se considera falta grave el despido improcedente del profesorado de los centros concertados.
Éstas y otras cuestiones asociadas al nuevo marco legal pueden desvirtuar sus vertientes más prometedoras, incluido el incremento progresivo de financiación hasta alcanzar (¡en 10 años!) el porcentaje medio de la UE, ya que buena parte de los fondos comprometidos se destinarán a los ampliados conciertos educativos, en detrimento de los recursos que necesita la educación pública.
IU pondrá todos los medios a su alcance para impedir un desarrollo autonómico de la LOE que margine a la escuela pública y fomente la consolidación de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, abocados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población y a las zonas rurales; y otra, la integrada por los centros privados concertados, con un peso e influencia cada vez mayores entre las distintas capas de las clases medias urbanas.
EJES PROGRAMÁTICOS
1. Una educación pública de calidad para la igualdad
Para IU el mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad pasa por defender a ultranza un sistema público de enseñanza que, desde la educación infantil hasta la universitaria, esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y de los valores democráticos.
La mejora de la calidad de la enseñanza se ha convertido en un eslogan que utilizan todas las formaciones políticas y sindicales, así como múltiples organizaciones sociales, sean o no del ámbito educativo. Esta especie de muletilla es una expresión vacía si no se aclara qué se entiende por una educación de calidad.
Para IU la calidad de la enseñanza consiste en garantizar una educación pública y laica cuyo objetivo prioritario sea asegurar a todo el alumnado el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática. Se trata de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque una educación de calidad o sirve para que el conjunto de la población logre las capacidades básicas requeridas o no es de calidad. En resumen, una educación de calidad es aquella que da respuesta a las diversas necesidades educativas del conjunto de la población para lograr su éxito escolar, mediante una efectiva igualdad de oportunidades y una gestión democrática, transparente y socialmente eficaz.
Nuestras propuestas programáticas se inspiran, por tanto, en una concepción de la calidad educativa que está indisolublemente unida al carácter público de la enseñanza como garante del ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.
Promulgación de una Ley Autonómica de Educación, previa elaboración y amplio debate social del correspondiente Libro Blanco que aporte un diagnóstico riguroso de la situación del servicio público educativo. La Ley deberá concretar actuaciones y compromisos financieros al menos sobre: ampliación y adecuación de la red pública de centros, medidas específicas de atención a la diversidad y de compensación educativa, apoyo al profesorado y mejora de sus condiciones laborales, evaluación y control del sistema educativo, junto a vías y medios para fomentar la autonomía, la participación democrática y la apertura de los centros a su entorno.
Puesta en marcha, en cada distrito escolar, de un Plan general de medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, que concrete actuaciones de apoyo a quienes presentan dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan.
Programas específicos de compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar.
Plan regional para la mejora de la convivencia escolar, a propuesta del Consejo Escolar Autonómico, en coordinación con los Consejos escolares de distrito o municipales, así como con otras áreas o servicios (Bienestar social, Juventud, Salud…) que contribuyan a una intervención multiprofesional e integral: en centros y barrios, con familias y tutores, y con medidas de apoyo al profesorado (formación, recursos de aula, asistencia letrada gratuita…). En ese marco, proponemos crear la figura del Juez de paz escolar y un Observatorio regional independiente de la administración, en el que participen todos los sectores de la comunidad educativa e instituciones implicadas.
Programa de apertura de los centros a su entorno, que se concretaría en cada distrito educativo y/o en cada municipio. Se desarrollará en convenio con los Ayuntamientos que ofrecerá servicios y actividades (a concretar en los centros) como: biblioteca, estudio asistido, servicio de comedor y de apertura temprana, junto a actividades culturales y recreativas. Asimismo se promoverán convenios con las Universidades públicas para desarrollar un programa de becas orientado a estimular la colaboración de estudiantes universitarios en las actividades de estudio asistido u otras actuaciones acordes con su formación.
Programa de fomento de la lectura y de utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los centros públicos, que incluya dotaciones específicas y acciones formativas adecuadas para el profesorado.
Creación, en cada C.A., de un Instituto de Calidad y Evaluación del sistema educativo, cuyos planes de trabajo y líneas prioritarias de actuación deberán recibir la aprobación del Consejo Escolar Autonómico o, en su caso, del Consejo Interuniversitario. Dicho Instituto pondrá sus medios técnicos al servicio de la autoevaluación de los centros educativos, como unidades básicas de evaluación para la mejora de la calidad de la enseñanza.
2. Una red de centros públicos suficiente y vertebradora del sistema educativo
La enseñanza pública ha venido sufriendo agresiones continuadas por parte de ciertos gobiernos autonómicos, tanto en el plano de la financiación como en el deterioro de su imagen y de sus propias señas de identidad. Frente a ello, la patronal de la enseñanza privada (mayoritariamente confesional) ha logrado potenciar el papel de sus centros mediante la extensión de los conciertos y la selección de su alumnado, lo que conduce a la marginación de la educación pública, abocada a convertirse en numerosas zonas en una red educativa subsidiaria y asistencial.
IU se viene oponiendo desde hace años a las tendencias privatizadoras de la educación en sus diferentes niveles, y de manera especial a la abusiva política de conciertos que ha fomentado el PP y algunos gobiernos autonómicos del PSOE. La LOE, por su parte, no permite albergar mejores expectativas al respecto, ya que reconoce a la llamada “iniciativa social” su plena capacidad para prestar el servicio público educativo, en igualdad de derechos, no de deberes, que los centros de titularidad pública.
Frente a ello, nos pronunciamos abiertamente por potenciar una red suficiente de centros públicos que garantice, en su extensión y oferta educativa, el derecho a la educación en todas las etapas educativas, tanto en las enseñanzas régimen general como en las de régimen especial.
Propuestas de actuación
Definición precisa de las necesidades educativas de cada distrito escolar, a corto y medio plazo, de modo que la oferta educativa permita atender las demandas de los diversos colectivos y no sólo las propias de la población “en edad escolar”.
En coherencia con lo anterior, definición de la red de centros públicos correspondiente, incluyendo las nuevas construcciones o remodelaciones, con el objetivo de cubrir, en cada distrito, las necesidades educativas previsibles.
Plan cuatrienal de inversiones, pactado con los Ayuntamientos, acorde con la evolución demográfica y con los nuevos desarrollos urbanísticos. IU se opondrá frontalmente a la cesión de suelo público para la construcción de centros privados, concertados de antemano, bajo el pretexto de asegurar la “libre elección de centro”.
Gratuidad de los libros y materiales didácticos que deba utilizar el alumnado de las enseñanzas básicas. Para ello se dotará a los centros públicos de bibliotecas o recursos de aula y se arbitrarán fórmulas para su cesión temporal al alumnado.
Ampliación de la red pública de escuelas infantiles hasta cubrir, en un plan cuatrienal, toda la demanda de escolarización de 0 a 6 años, especialmente el ciclo de 0 a 3 años por la importante función social que desempeña. La oferta educativa para atender a los niños y niñas de esa edad se completará con Casas de Niños.
Plan integral de formación profesional que, junto a la extensión en la red pública de los ciclos formativos de grado medio y superior más demandados, incluya y coordine la formación ocupacional y los programas de cualificación inicial en cada Comunidad Autónoma.
Ampliación de la red de centros de Educación de Personas Adultas (E.P.A.) hasta cubrir la totalidad de la demanda en cada distrito escolar, en régimen de enseñanza presencial, complementada con la modalidad a distancia. Estos centros deberán adecuar su oferta y sus horarios a las características de su alumnado, con especial atención a quienes tienen que asumir en solitario (mujeres muy mayoritariamente) las responsabilidades familiares.
Oferta pública suficiente de enseñanzas de régimen especial en cada distrito educativo, incluida la de Escuelas Municipales de Música.
Análisis de la oferta y demanda de plazas de enseñanza post-secundaria (universitaria y FP superior) en cada C.A, a fin de subsanar los déficits de plazas públicas en determinados sectores y titulaciones, que deberán ampliarse especialmente en los campos con mayor demanda de empleo. Hay que evitar que quede en manos de la iniciativa privada la oferta de plazas (para quien pueda pagárselas) en los sectores punteros o de mayor demanda profesional.
Normativa sobre admisión de alumnado que contemple la creación de comisiones de escolarización centralizadas (por distritos educativos), una adecuada y equitativa escolarización del alumnado, la reserva de plaza durante todo el curso para alumnado con necesidades de compensación educativa, la prohibición del incremento de las ratios máximas, así como el seguimiento y control de la escolarización en todos los centros financiados con fondos públicos.
Centros privados concertados
Revisión y reducción progresiva de los conciertos educativos, que tendrán carácter subsidiario y sólo se mantendrán cuando la red pública no permita atender la demanda de escolarización. En ningún caso se harán cesiones de suelo público para centros privados concertados, ni se ampliará la red concertada cuando existan plazas escolares públicas suficientes. Asimismo propugnamos la puesta en marcha de un proceso que fomente y facilite la incorporación a la red pública de los centros privados concertados que lo deseen.
Equiparación del funcionamiento de los centros privados concertados con los públicos en cuanto a admisión y permanencia del alumnado, horarios y jornada escolar, gestión democrática, control social de los fondos públicos, así como acceso y condiciones laborales del profesorado y resto del personal con cargo al concierto.
Supresión del concierto a los centros que segreguen al alumnado por razón de sexo, que utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado o que impongan su ideario sin respetar los derechos del alumnado o del profesorado.
Entendemos la descentralización como un requisito al servicio de una mayor participación democrática en la gestión de los servicios públicos. Desde esta óptica, nuestras propuestas programáticas tienen esa doble vertiente: la distribución de competencias (Autonómicas, de Distrito Escolar, Municipales) unida a órganos de participación ciudadana que tengan capacidad reconocida para intervenir en la toma de decisiones en su ámbito.
3.1. Creación de Distritos Educativos
Para IU la culminación del largo proceso de transferencias educativas a todas las CC.AA. supuso sólo una primera etapa de la descentralización administrativa. La segunda debe consistir en la creación de distritos educativos que permitan, por un lado, una mayor participación de los sectores educativos y sociales en la gestión del sistema público de enseñanza; y por otro, un conocimiento más cualitativo de las necesidades y un mejor aprovechamiento de los recursos educativos disponibles.
Concebimos el distrito escolar o educativo como la unidad orgánica y funcional en que se estructura el conjunto de recursos humanos, físicos, curriculares y materiales que se van a aplicar en el servicio educativo en un marco geográfico delimitado.
La red de distritos educativos tiene que servir para acercar a la ciudadanía el servicio educativo y los centros o unidades de información, asesoramiento y gestión. Además de ese objetivo básico, los siguientes criterios pueden ayudar a perfilar la mejor solución en cada ámbito territorial:
– Cada Distrito debe desplegar una oferta educativa plena desde los 0 a los 18 años de edad (Educación Infantil, Primaria, ESO, Programas de Cualificación Profesional, Ciclos formativos de FP y todas las modalidades de Bachillerato), una oferta específica para personas adultas, enseñanza a distancia y en régimen presencial nocturno, así como Secciones de la Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas.
– Cada distrito educativo debe abarcar un número máximo de habitantes y un número mínimo de potenciales usuarios, que justifiquen la oferta educativa antes expuesta sin duplicar o malgastar recursos.
– Cada Distrito debe tener una amplitud geográfica razonable, de modo que la baja densidad de población no haga necesario recorrer grandes distancias para satisfacer en el Distrito la demanda educativa.
– Cada Distrito debe contar con la red de apoyo al servicio educativo necesaria para que éste se realice con la calidad adecuada: un Centro de Profesores, una unidad administrativa y de gestión de la Consejería de educación, Servicio de Inspección Educativa, equipos de apoyo psicopedagógico, Servicio médico escolar, Secciones sindicales y Juntas de personal de distrito del profesorado, PAS y laborales.
- En cada distrito existirá un Consejo escolar con participación de representantes de las dos administraciones, de los distintos sectores de la comunidad educativa y de otras organizaciones sociales con implantación en la zona.
– En cada Distrito existirá un Consejo de formación profesional, con representación de los agentes sociales, que planificarán, promoverán y supervisarán la implantación de una formación profesional ajustada a la demanda social y al tejido productivo.
- Los Distritos responderán a una de las siguientes tipologías básicas:
Distrito municipal: Cuando las características del municipio (población, extension territorial, etc.) coinciden con los requisitos de un distrito escolar.
Distrito urbano: Cuando la gran extensión del municipio hace aconsejable dividir éste en varios distritos.
Distrito comarcal o insular (plurimunicipal): Cuando varios municipios integran un distrito. Con dos variantes: a) Distrito integrado por un gran municipio aglutinante y varios municipios vecinos más reducidos; b) Distrito “rural” o “comarcal” integrado por municipios reducidos, de tamaño similar, que integran una zona o comarca geográficamente identificable.
Todo ello nos lleva a plantear medidas que fomenten la autonomía y la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros y en la del propio sistema educativo.
Propuestas de actuación
Ampliar la autonomía real de los centros (pedagógica, funcional y económica) para que puedan adecuar su organización y sus enseñanzas en cada curso a las necesidades de su alumnado, así como al logro del proyecto educativo aprobado por su Consejo escolar.
Creación y reforzamiento del papel de los Consejos escolares autonómicos, de Distrito educativo y municipales (cuando no coincida Distrito y municipio). Para IU estos órganos de participación deberán tener competencias de gobierno (las propias de la planificación general de la oferta educativa en su ámbito territorial), de control social y, en aquellas cuestiones educativas sobre las que no puedan tomar decisiones últimas, se les reconocerá el derecho de propuesta, de modo que el órgano competente (Consejería de Educación, Pleno Municipal, Junta de Distrito) tenga que debatirla y pronunciarse al respecto.
Los Consejos escolares de Distrito y municipales analizarán y plantearán propuestas para mejorar la convivencia y contribuir al éxito escolar de todo el alumnado y funcionarán en estrecha colaboración con el Consejo Escolar de la Comunidad Autónoma ante el cual han de tener reconocida capacidad para proponer:
La planificación de la red de centros de la zona.
La escolarización equitativa del alumnado.
La distribución y control de los fondos correspondientes.
La coordinación de los equipos psicopedagógicos.
La planificación de las actividades extraescolares.
Se garantizará la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en las Comisiones de escolarización permanentes, que estarán coordinadas por los Ayuntamientos.
Potenciación de la participación democrática en los centros educativos mediante medidas de apoyo y fomento al asociacionismo del alumnado y de las AMPAs. Proponemos también que se reconozca, a efectos laborales, como deber público inexcusable la asistencia de padres y madres o tutores a las reuniones de los Consejos escolares, comisiones de escolarización u otros órganos análogos, así como a las actividades programadas por los centros sobre la educación de sus hijos.
4. Profesorado y otros profesionales de la educación
En cada Comunidad Autónoma, previo acuerdo con los representantes sindicales del profesorado, se aplicarán las siguientes medidas:
Revisión a fondo de la formación del profesorado, que se realizará preferentemente en los centros educativos, dentro de la jornada escolar, a partir de proyectos de mejora propuestos por los propios centros, o por las administraciones educativas. Éstas organizarán programas formativos específicos que capaciten al profesorado en la acción tutorial y la prevención de conflictos, el uso didáctico de las nuevas tecnologías o la atención a la diversidad del alumnado.
Incremento de las plantillas de docentes y otros profesionales para poder aplicar todas las medidas de atención a la diversidad previstas, así como los planes de convivencia.
Elaboración negociada del marco de condiciones laborales del personal docente que incluirá, al menos: un sistema de promoción e incentivos profesionales en función de la actividad desarrollada; la limitación del número máximo de alumnos y grupos por profesor en cada curso académico; el disfrute de períodos sabáticos de formación para todo el profesorado, a lo largo de su vida profesional; la reducción horaria a partir de los 55 años sin merma salarial; la oferta, con carácter permanente, de la jubilación voluntaria a partir de los 60 años; regulación de la salud laboral del docente; así como el derecho a la asistencia letrada y asesoría jurídica gratuita por denuncias derivadas del ejercicio de la actividad profesional.
Reducción drástica de los elevados porcentajes de interinos, garantizando su estabilidad y homologación.
5. Una financiación pública suficiente y solidaria
IU apuesta claramente por un modelo de Estado federal solidario, en el que los déficits que puedan presentar determinados territorios, respecto al ejercicio de derechos fundamentales, tendrán que ser compensados arbitrando mecanismos de financiación específica. Este planteamiento resulta especialmente adecuado a la situación de la educación en nuestro país, dadas las importantes desigualdades territoriales que existen al respecto, desigualdades que se presentan también dentro de las diferentes CC.AA. Por ello, nuestras propuestas programáticas sobre financiación pretenden, ante todo, que las oportunidades educativas de todos los ciudadanos y ciudadanas sean básicamente iguales, al margen del hecho de residir en una u otra comunidad autónoma, o de vivir en una zona rural o urbana.
La financiación pública de la educación debe ser, en cada C.A., suficiente y solidaria. Lo primero, para asegurar una oferta educativa pública que garantice la aplicación de las reformas en marcha y sea adecuada a las necesidades de cada territorio (C.A., Distrito, Municipio); y lo segundo, para evitar desigualdades en las oportunidades educativas entre la población de unas zonas y otras.
Propuestas de actuación
Alcanzar en la próxima legislatura un gasto educativo por alumno/a acorde con la asignación de al menos el 6% del PIB estatal para gasto público educativo y exigir que la Ley educativa de cada C.A. contenga compromisos explícitos de financiación
Crear un fondo de compensación interterritorial para la educación en cada C.A., cuya administración estaría supervisada por el Consejo escolar autonómico y por el consejo interuniversitario.
Incrementar sustancialmente los distintos tipos de becas: matrícula, material escolar, desplazamiento, igualdad de oportunidades (estancia).
Transferir a los municipios los fondos finalistas que les permitan desarrollar mayores competencias en educación. Por ejemplo, la relativa a dotaciones de equipamientos y material didáctico, incluyendo los libros de texto en las etapas obligatorias.
Plan estratégico en cada C.A. de enseñanza presencial y no presencial asistida, en el que queden incorporadas las nuevas tecnologías y se produzca la adaptación de las mismas al sistema educativo.
6. Universidad e Investigación
IU propugna una política universitaria alternativa para garantizar la calidad de la Universidad como servicio público imbricado en el entorno socio-económico y cultural de cada Comunidad Autónoma.
Propuestas
de actuación
Planificación de la oferta de plazas de la enseñanza superior acorde con las necesidades sociales y organizada por zonas geográficas, tendiendo a cubrir el conjunto de las áreas de conocimiento y de los Grados con desplazamientos mínimos, con acuerdos en su caso entre distintas Comunidades Autónomas. La creación de una Universidad nueva deberá estar precedida de un estudio sobre su necesidad y condicionada al requisito de umbrales mínimos de medios materiales y humanos para asegurar su calidad académica.
Financiación pública suficiente para una dotación de medios materiales y humanos que permita una docencia acorde con las directrices europeas, así como una investigación básica de calidad como actividad central de la Universidad Pública.
Equiparación con la UE en el gasto por estudiante y en el dedicado a becas y ayudas al alumnado universitario, para la ampliación, extensión y mejora del sistema.
Creación de Agencias regionales de Evaluación y Calidad. Cada Agencia deberá constituirse como un organismo autónomo y entre sus principales objetivos estarán la consecución de los máximos niveles de calidad en el sistema universitario público y su adecuación a las demandas sociales.
Contratación estable del profesorado y contrato laboral para becarios de investigación y profesorado en formación.
Plan regional de investigación adecuado a las necesidades sociales y económicas de cada C.A. y que asegure la coordinación y cooperación entre Universidades, los Organismos públicos de Investigación y los agentes sociales.
Creación y/o reforzamiento del papel de los Consejos Interuniversitarios y Claustros Universitarios. En cada C.A. existirá un Consejo Interuniversitario con representación de la Administración autonómica, de la Universidad o Universidades, de la Asamblea legislativa, de los estudiantes y de los Agentes sociales. Dicho Consejo establecerá un mapa con la oferta de titulaciones que, a nivel autonómico, y teniendo en cuenta los recursos existentes, dé respuesta desde las Universidades públicas a la demanda social. Igualmente los Ayuntamientos en que se encuentran enclavadas las Universidades deben incorporar políticas activas, incluso financieras, hacia las mismas, por medio de sus representantes en los Consejos sociales.