ANÁLISIS DEL BORRADOR Nº 0 DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Destacamos como puntos más importantes los referidos al PERSONAL de investigación, la TRANSFERENCIA de conocimiento y la MOVILIDAD a empresas privadas. Otros puntos son:
  1. Una distorsionada valoración, en la Exposición de Motivos (I pág.5), de las causas del avance en investigación científica en España, que atribuye a las políticas de las administraciones central y autonómicas y no al esfuerzo del personal de investigación.
  2. Debería hablarse de desarrollo y no de "crecimiento" sostenibla (EM III pág.8 y Art.1 pág.14) y hacer referencia a la paz como característica de la sociedad que se quiere impulsar, tanto en relación al objeto de la Ley (Art.1 pág.14) como a las funciones del Comité Español de Ética de la Investigación (Art.8.2 pág.17).
  3. Habría que valorar positivamente la referència a los principios de cooperación y calidad (Art.4 pág.15). Sin embargo, se incrustan referencias a la "competitividad" no sólo "empresarial" (EM I pág.6) sino en relación a la investigación (EM V pág.10, Art.2.b pág.14), revelando un enfoque mercantilista de ésta.
  4. Se echa a faltar la presencia de representantes del personal en el Consejo de Política Científica y Tecnológica (Art.6.1 pág.15.16).
  5. Hay cuestiones en el texto articulado que podrían estar mejor como disposiciones adicionales, como la referencia al Comité de Bioética (Art.8.5 pág.17) y la enumeración de los actuales organismos públicos de investigación (Art.40.2 pág.31).
  6. La definición de personal investigador (Art.9.2 pág.17) y técnico (Art.9.3 pág.17) es confusa, incluyendo en el primero a quienes sólo realizan actividades de transferencia o difusión, y no excluyendo del segundo a quienes también realicen actividades de generación de conocimiento.
  7. Deja la puerta abierta (DA1 pág.32) a contratos de cuantía elevada sin concurso público ni siquiera pedir tres ofertas de distintos proveedores, justificándolo además en "que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención", lo que facilita formas de corrupción.
  8. Considerar a los Profesores de Investigación de Organismos Públicos como automáticamente acreditados para Catedrático de Universidad (DA10.1 pág.37) puede resultar problemático si no se asegura la evaluación de su competencia docente en el proceso de adscripción.
En lo referido al PERSONAL:
  1. Contempla una temporalidad contractual excesivamente prolongada, hasta 4+3+5=12 años (EM V pág.10, Art.14 pág.19-20). Más allá de que el personal en formación pueda tener un contrato temporal "en prácticas", aunque supere la duración prevista en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, no se justifica la contratación temporal en el llamado "grado de acceso", que no se ampara en ninguna modalidad de dicho Estatuto.
  2. No es de recibo que para los contratos para la realización de proyectos (Art.16.d pág.21) se excluya la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé que "Los convenios colectivos podrán establecer requisitos dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal".
  3. Es positivo que se establezca que la retribución de investigadores contratados no podrá ser inferior a la que corresponda al personal investigador que realice idénticas o análogas actividades (Art.14.3.b-c pág.19-20).
En lo referido a la TRANSFERENCIA:
  1. En la Exposición de Motivos (I pág.6) defiende "difundir en modo abierto los resultados de la investigación" y "compartir los resultados de la investigación financiada con fondos públicos", pero más adelante (EM VI pág.12) lo reduce a "lo obligatoriedad de publicar en acceso abierto los contenidos que hayan sido aceptados para publicación", lo que parece una redundancia. Y en el texto articulado (Art.33.2 pág.28) lo limita a la publicación de una "versión digital".
  2. En contra del principio de publicidad que debería regir siempre sobre los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, menudean las referencias a derechos de propiedad industrial (Art.27.2 pág.26, Art.31 pág.27), secretos empresariales (Art.27.3 pág.26) y "protección" (EM VI pág.11, Art.30 pág.27).
  3. Se plantea además la transferencia al sector público o sociedades mercantiles de los derechos de propiedad industrial e intelectual (Art.28.1 pág.27, Art.31 pág.27, Art.32.2 pág.28). Contemplando además que ello se rija por el Derecho Privado y se realice mediante adjudicación directa (EM VI pág.11, Art.29 pág.27).
En lo referido a MOVILIDAD:
  1. Extiende a todos los centros públicos de investigación (EM V pág.11, Art.18.4 pág.21) lo que se contempla en el artículo 83.3. de la LOU: las excedencias para incorporarse a empresas privadas con reserva del puesto de trabajo.
  2. También se contempla (EM VI pág.12, Art.32 pág.28) que los organismos públicos de investigación o Universidades puedan "crear o participar en el capital de sociedades mercantiles" para investigar y explotar patentes, especificándose además que sus empleados públicos puedan pasar a tiempo parcial e incorporarse a dichas sociedades excluyéndose de la aplicación de la Ley de Incompatibilidades (!!).
Todo ello trasluce una concepción neoliberal, tanto por lo que se refiere a la desrregulación laboral y la falta de controles públicos, como por lo que se refiere a la apropiación privada y excluyente de los resultados de la investigación pública.

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV, 2 de març de 2009