A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita:

El día 6 de septiembre del presente año falleció accidentalmente en Zaragoza un investigador de 23 años que trabajaba como becario de la Universidad de Zaragoza, desarrollando su actividad en una empresa privada. Es preciso señalar que esta persona no era considerada un trabajador por parte de la Administración, con la merma de derechos económicos y sociales que esta situación conlleva.

Cuando fallece un licenciado, investigador, que tiene una relación contractual en forma de "beca" presumiblemente en accidente desarrollando su actividad o en itinere ¿será contabilizada y registrada en la Estadística de Accidentes Laborales que periódicamente publica la Administración o lo será en otro registro o estadística? ¿El Gobierno considera que es correcta esa diferencia, caso de que exista?

¿Considera el Gobierno adecuadas las diferencias, en lo que respecta a indemnizaciones o pensiones, del fallecimiento de un "becario" desarrollando una actividad laboral y el de un trabajador por cuenta ajena?

¿Considera el Gobierno adecuada la actual situación de precariedad de los investigadores por la persistencia en rechazar la regulación de su actividad como una relación con contrato laboral y cobertura integra de Seguridad Social, incluyendo prestaciones e indemnización por accidente, desempleo y jubilación?

¿El Gobierno considera que mantener la figura del becario y no su erradicación sustituyéndola por contrato laboral, de cualesquiera de las figuras recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, posibilita su objetivo de disminuir la precariedad en las Comunidades Autónomas, Universidades, Fundaciones, Centros de Investigación Públicos y empresas privadas?.


Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 30 de noviembre de 2004

Fdo.: Ángel Pérez Martínez.
Diputado G.P. Izquierda Verde-IU-ICV


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

 184/014801

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pérez Martínez, Ángel (GIV-IU-ICV).
Asunto: Fallecimiento accidental de un investigador que trabaje como becario, así como opinión del Gobierno sobre la precariedad de su situación laboral (versión reformulada).

Respuesta:

La prestación de servicios de los becarios de investigación se regula en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación. De conformidad con la regulación contenida en esta norma reglamentaria, se indica lo siguiente:

a) A los efectos del Real Decreto, tiene la condición de becario el titulado universitario en posesión del título de Doctor o que tenga reconocida su suficiencia investigadora y que sea beneficiario de una beca concedida en virtud de programas inscritos en el Registro de becas de investigación para el desarrollo de actividades de formación y especialización científica o técnica.

b) Los becarios de programas inscritos en el Registro de becas de investigación tienen derecho a la Seguridad Social, uedando asimilados a trabajadores por cuenta ajena del Régimen General. Entre otros, tienen acceso al Registro de becas de investigación las universidades públicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas de becas financiadas con fondos públicos.

c) La Seguridad Social del becario de investigación se sujeta, en lo que aquí interesa, a las siguientes reglas:

La acción protectora del becario es la correspondiente al Régimen General, con la excepción del desempleo. Se reconocen los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se definen con equivalencia a los conceptos establecidos para los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General.

La entidad becante asume los derechos y obligaciones establecidos para el empresario en el Régimen General de la Seguridad Social, siendo responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar y del ingreso tanto de las aportaciones propias como de las del becario.

La base de cotización está constituida por el tope mínimo absoluto de cotización vigente en cada momento. A efectos de cotización para contingencias profesionales, se aplica el epígrafe 119 de la tarifa de primas aprobada por Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre.

En consecuencia, si el investigador al que se refiere la pregunta es un becario en los términos señalados anteriormente, tendrá derecho a las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional en la misma cuantía que un trabajador por cuenta ajena del Régimen General, si bien los cálculos de las prestaciones se realizarán sobre la base de las especialidades de cotización citadas.

En tal supuesto, la entidad becante está sujeta a la obligación de notificar el accidente sufrido, conforme a la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 —modificada por la Orden Ministerial de 19 de noviembre de 2002—, que establece normas para facilitar a las empresas la notificación de los accidentes de trabajo, por lo que dicho accidente integrará las estadísticas de siniestralidad laboral correspondientes.

Si, por el contrario, el investigador a que se refiere la pregunta no es un becario en el sentido del artículo 1 del Real Decreto 1326/2003, no tendrá derecho a prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional del Régimen General, sin perjuicio de las que puedan corresponder por la inclusión en otros Regímenes del Sistema de Seguridad Social, en particular en el de estudiantes, a través del seguro escolar.

Sobre la utilización fraudulenta o indebida de la figura del becario para encubrir una auténtica relación laboral, existe ya una jurisprudencia consolidada de que los contratos tienen la naturaleza jurídica que se derive de su contenido obligacional, independientemente de las denominaciones que les otorguen los intervinientes y sobre los caracteres de la relación laboral, puesto que la determinación del carácter laboral o no de la relación que vincula a las partes no está sometida a su libre disposición, sino que es una calificación derivada del contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual.

La actividad de los becarios está desprovista de las notas configuradoras de la relación laboral; el becario es el titulado universitario que adquiere una formación mediante la realización de una actividad que tiene un costo económico que soporta la institución que lo financia. Las tareas que realiza el becario no las realiza en línea de contraprestación por el importe económico de la beca, sino de aportación de un mérito para hacerse acreedor de la beca y disminuir así la carga de onerosidad que la beca representa (STSJ de Andalucía. Sevilla. Sala de lo Social de 19 de julio de 2004). En forma más simplificada: la finalidad perseguida en la concesión de las becas no estriba en que una institución pública o privada se beneficie de la actividad del becario, sino en la ayuda que se presta para facilitar el estudio y la formación del becario.

Por otra parte, se señala que con la experiencia acumulada en la aplicación del vigente Estatuto del becario, junto a las demandas planteadas por los propios becario de investigación y otros agentes del sistema nacional de I+D, se ha puesto en marcha un proceso de estudio y propuesta de modificación del Estatuto.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que esta posible modificación debe incluir a todos los becarios de investigación, independientemente de las características de la beca o centro en el que se desarrolle.

Para ello es necesaria la participación de todos los agentes implicados (Departamentos Ministeriales, Comunidades Autónomas, Universidades, organismos de investigación, etc.), con objeto de definir unos requisitos comunes y que las entidades de acogida de los becarios cuenten con los instrumentos legales y económicos para implantar la modificación que se pueda acordar.

El objetivo final es contar con una regulación jurídica y laboral de los becarios de investigación que les permita desarrollar su actividad y su formación en las mejores condiciones posibles y con los derechos, prestaciones y garantías necesarios.

Madrid, 24 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.