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6.
Por una Universidad pública de calidad al servicio de la
sociedad
La
reforma de la LOU aprobada en esta legislatura se ha quedado a medias
y además no cuenta con la financiación
imprescindible para que el proceso de convergencia en el
llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
además
de respetar los rasgos propios y las necesidades de los entornos
sociales y locales de las universidades, esté efectivamente
centrado en la renovación pedagógica y no en la
subordinación a los intereses del mercado.
Proponemos
completar la reforma de la LOU, negociando con lo sindicatos
un Estatuto del Personal Universitario y estableciendo el
cuerpo único docente, la representación
democrática de todos los sectores universitarios en los
órganos de gobierno, una planificación de la
oferta de plazas de la enseñanza superior acorde con las
necesidades sociales y la supresión de cualquier tipo de
prueba selectiva para acceder a la misma.
Propugnamos
la equiparación con los países europeos más
desarrollados en el gasto dedicado a becas y ayudas al alumnado
universitario, con un sistema de carácter generalizado de
becas que posibilite completar los estudios sin obstáculos
derivados del origen social y económico, mediante
becas-salario y garantizando que los péstamos-renta
sean de carácter público, estrictamente complementarios
y que su devolución responda a un sistema fuertemente
progresivo respecto al exceso de la renta media existente. Nuestro
objetivo es establecer la gratuidad de los estudios
universitarios, priorizando los de Grado.
IU
se compromete a apoyar decididamente a la UNED para que siga
desarrollando sus importantes e insustituibles funciones, sin
perjuicio de la colaboración institucional con las Comunidades
Autónomas y las Administraciones Locales, que cumplen un papel
imprescindible. El incremento de financiación ha de
materializarse a través del correspondiente contrato–programa
que, especificando compromisos expresos de mejora, garantice a la
UNED los recursos necesarios para ofrecer un servicio de calidad
creciente, que pueda repercutir en el conjunto de la sociedad, y en
especial en sus estudiantes, tanto en las localidades donde
estén
presentes sus centros como en el conjunto del sistema universitario
español.
POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD AL
SERVICIO DE LA SOCIEDAD/
La reforma de la Ley Orgánica
de Universidades (LOU) realizada en la legislatura que finaliza ha
puesto de manifiesto que, también en la educación
superior, el PSOE olvidó sus promesas electorales y se
limitó a plantear una reforma pacata, alicorta, que sólo
corregía los rasgos más aberrantes introducidos por el PP
en su LOU. Y aunque a
propuesta de IU se añadió una declaración de que "se garantizará que las
universidades dispongan de los recursos necesarios para un
funcionamiento básico de calidad" y se incorporaron
algunas disposiciones transitorias para paliar algunos problemas que
generaba la redacción inicial, como la pérdida de
derechos de los Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, se
dejó sin tocar el resto en las cuestiones de fondo.
Ciertamente, en el caso de la reforma
de la LOU, sin la presión clerical en la calle, el gobierno no
hizo las concesiones contra la educación pública y laica
que hiciera en la LOE. Pero una reforma progresista en pro de una
Universidad pública de calidad, democrática,
crítica y socialmente comprometida, quedó pendiente para
la próxima legislatura, a la espera de una mayoría de
izquierdas capaz de impulsarla.
Así, la reforma de la LOU
suprimió determinadas agresiones contra la autonomía
universitaria, devolviendo al Consejo de Gobierno funciones que el PP
había asignado a unos Consejos Sociales controlados desde el
poder político. Pero mantuvo el elitismo en la
representación del profesorado, con la exigencia de que la
mayoría del Claustro sean "funcionarios
doctores de los cuerpos docentes universitarios", sin garantizar
ningún mínimo de representación para el resto del
profesorado, estudiantado y personal de administración y
servicios, manteniendo así la discriminación de estos
sectores impuesta por el PP y que nos retrotraía a
prácticas del franquismo, con el propósito aparente de
primar a los sectores supuestamente más conservadores. Aquello
no le salió bien al PP, dado que la mayoría de los
antiguos PNNs (profesores no numerarios) que lucharon contra el
franquismo ya eran funcionarios doctores, y en muchos casos continuaron
proporcionando mayorías progresistas en Claustros y elecciones a
Rector. El PSOE parece encontrarse cómodo en esta
situación, aunque suponga la marginación de los nuevos contratados. Es necesario superar su discriminación y la
del personal de administración y
servicios, así como garantizar una representación adecuada del
estudiantado en Claustros y órganos de
gobierno, en vez de imponer la creación de un Consejo cupular de
estudiantes contra la opinión de la mayoría de sus
organizaciones.
Asimismo la reforma de la LOU, al
tratar de forma equivalente becas, ayudas y créditos para el
alumnado, no garantiza un sistema generalizado de becas y becas-salario, ni
el carácter complementario y público de los créditos, ni la progresividad en su
devolución respecto al exceso de los ingresos sobre la renta
media, progresividad que no se contempla en los préstamos-renta
para el Postgrado que ha puesto en marcha el Ministerio de
Educación y Ciencia. Es necesario hacerlo realidad para cumplir
el principio enunciado en la Declaración de Bergen de que "nadie quede excluido del estudio en la
Universidad por razones económicas". En dicha
línea, hay que avanzar hacia la gratuidad
de los estudios universitarios, haciéndola realidad en los de Grado en la próxima legislatura.
Igualmente, hay que planificar la
oferta de plazas de la enseñanza superior de acuerdo con
las necesidades sociales, suprimiendo
cualquier tipo de prueba selectiva para acceder a la misma, de modo mientras
haya limitación en el acceso a determinados estudios,
éste se haga en base a las calificaciones en los niveles previos
normalizadas en cada centro para corregir eventuales distorsiones y
eventualmente ponderadas por materias según los estudios a
realizar, con una mejor conexión con la última etapa de
las enseñanzas secundarias.
Por otra parte, aunque se suprime
alguna traba aberrante para la carrera docente
(como la que exigía una desvinculación durante 2
años de la Universidad donde el profesor se formaba), queda
pendiente dejar de plantearla como una carrera de obstáculos,
suprimiendo por ejemplo la acreditación externa para el paso de
Ayudante a la categoría de Ayudante Doctor, una vez obtenido
este título. Queda pendiente también la necesaria
solución definitiva para la estabilidad del antiguo profesorado LRU, así
como una transformación a fondo de la estructura del
profesorado, que no puede limitarse a la sustitución de la
restrictiva habilitación por un sistema más racional de
acreditación basado en méritos para el acceso al
funcionariado docente ni a la eliminación del cuerpo docente de
no doctores (TEUs): hay que superar la separación de los
obsoletos cuerpos de Titulares de Universidad y Catedráticos de
Universidad, con las mismas funciones académicas, configurando
un Cuerpo Único de profesorado universitario doctor, con
promoción interna basada en méritos.
Finalmente, y más allá
del enunciado genérico contenido en la LOU, hay que garantizar
de forma efectiva una financiación
suficiente que pueda hacer realidad la convergencia
en un Espacio Europeo de Educación Superior que, además
de respetar los rasgos propios y las necesidades de los entornos
sociales y locales de las universidades, esté efectivamente
centrado en la renovación
pedagógica y no en la subordinación a los
intereses del mercado, reduciendo dicha convergencia a una
declaración de intenciones basada en el voluntarismo del
profesorado. Igualmente, hay que garantizar el carácter público de los resultados de la
investigación financiada con fondos públicos, suprimiendo
la ominosa cláusula introducida en la LOU para facilitar al
profesorado su incorporación a empresas para explotar dichos
resultados, y cerrando así dicha nueva vía de
privatización.
Se trata, en definitiva, de ir
más allá de una reforma de la LOU que sólo ha
representado un pequeño retoque respecto al grave retroceso que
impuso el PP, a fin de avanzar con decisión hacia la Universidad
pública que necesitamos en el siglo XXI, por la cual
habrá que seguir luchando desde las aulas y desde las
instituciones. Para ello es fundamental el reforzamiento de la
izquierda, y en particular de IU, en las elecciones generales del 9 de
marzo.
Febrero 2008
Aquest article està basat en el programa electoral
i en l'article publicat en EL PAIS el 5 de març de 2007
amb el títol de La
reforma de la Ley de Universidades: otra oportunidad perdida