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6. Por una Universidad pública de calidad al servicio de la sociedad

La reforma de la LOU aprobada en esta legislatura se ha quedado a medias y además no cuenta con la financiación imprescindible para que el proceso de convergencia en el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), además de respetar los rasgos propios y las necesidades de los entornos sociales y locales de las universidades, esté efectivamente centrado en la renovación pedagógica y no en la subordinación a los intereses del mercado.

Proponemos completar la reforma de la LOU, negociando con lo sindicatos un Estatuto del Personal Universitario y estableciendo el cuerpo único docente, la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, una planificación de la oferta de plazas de la enseñanza superior acorde con las necesidades sociales y la supresión de cualquier tipo de prueba selectiva para acceder a la misma.

Propugnamos la equiparación con los países europeos más desarrollados en el gasto dedicado a becas y ayudas al alumnado universitario, con un sistema de carácter generalizado de becas que posibilite completar los estudios sin obstáculos derivados del origen social y económico, mediante becas-salario y garantizando que los péstamos-renta sean de carácter público, estrictamente complementarios y que su devolución responda a un sistema fuertemente progresivo respecto al exceso de la renta media existente. Nuestro objetivo es establecer la gratuidad de los estudios universitarios, priorizando los de Grado.

IU se compromete a apoyar decididamente a la UNED para que siga desarrollando sus importantes e insustituibles funciones, sin perjuicio de la colaboración institucional con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, que cumplen un papel imprescindible. El incremento de financiación ha de materializarse a través del correspondiente contrato–programa que, especificando compromisos expresos de mejora, garantice a la UNED los recursos necesarios para ofrecer un servicio de calidad creciente, que pueda repercutir en el conjunto de la sociedad, y en especial en sus estudiantes, tanto en las localidades donde estén presentes sus centros como en el conjunto del sistema universitario español.




POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD/

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) realizada en la legislatura que finaliza ha puesto de manifiesto que, también en la educación superior, el PSOE olvidó sus promesas electorales y se limitó a plantear una reforma pacata, alicorta, que sólo corregía los rasgos más aberrantes introducidos por el PP en su LOU. Y aunque a propuesta de IU se añadió una declaración de que "se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad" y se incorporaron algunas disposiciones transitorias para paliar algunos problemas que generaba la redacción inicial, como la pérdida de derechos de los Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, se dejó sin tocar el resto en las cuestiones de fondo.

Ciertamente, en el caso de la reforma de la LOU, sin la presión clerical en la calle, el gobierno no hizo las concesiones contra la educación pública y laica que hiciera en la LOE. Pero una reforma progresista en pro de una Universidad pública de calidad, democrática, crítica y socialmente comprometida, quedó pendiente para la próxima legislatura, a la espera de una mayoría de izquierdas capaz de impulsarla.

Así, la reforma de la LOU suprimió determinadas agresiones contra la autonomía universitaria, devolviendo al Consejo de Gobierno funciones que el PP había asignado a unos Consejos Sociales controlados desde el poder político. Pero mantuvo el elitismo en la representación del profesorado, con la exigencia de que la mayoría del Claustro sean "funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios", sin garantizar ningún mínimo de representación para el resto del profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios, manteniendo así la discriminación de estos sectores impuesta por el PP y que nos retrotraía a prácticas del franquismo, con el propósito aparente de primar a los sectores supuestamente más conservadores. Aquello no le salió bien al PP, dado que la mayoría de los antiguos PNNs (profesores no numerarios) que lucharon contra el franquismo ya eran funcionarios doctores, y en muchos casos continuaron proporcionando mayorías progresistas en Claustros y elecciones a Rector. El PSOE parece encontrarse cómodo en esta situación, aunque suponga la marginación de los nuevos contratados. Es necesario superar su discriminación y la del personal de administración y servicios, así como garantizar una representación adecuada del estudiantado en Claustros y órganos de gobierno, en vez de imponer la creación de un Consejo cupular de estudiantes contra la opinión de la mayoría de sus organizaciones.

Asimismo la reforma de la LOU, al tratar de forma equivalente becas, ayudas y créditos para el alumnado, no garantiza un sistema generalizado de becas y becas-salario, ni el carácter complementario y público de los créditos, ni la progresividad en su devolución respecto al exceso de los ingresos sobre la renta media, progresividad que no se contempla en los préstamos-renta para el Postgrado que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación y Ciencia. Es necesario hacerlo realidad para cumplir el principio enunciado en la Declaración de Bergen de que "nadie quede excluido del estudio en la Universidad por razones económicas". En dicha línea, hay que avanzar hacia la gratuidad de los estudios universitarios, haciéndola realidad en los de Grado en la próxima legislatura. Igualmente, hay que planificar la oferta de plazas de la enseñanza superior de acuerdo con las necesidades sociales, suprimiendo cualquier tipo de prueba selectiva para acceder a la misma, de modo mientras haya limitación en el acceso a determinados estudios, éste se haga en base a las calificaciones en los niveles previos normalizadas en cada centro para corregir eventuales distorsiones y eventualmente ponderadas por materias según los estudios a realizar, con una mejor conexión con la última etapa de las enseñanzas secundarias.

Por otra parte, aunque se suprime alguna traba aberrante para la carrera docente (como la que exigía una desvinculación durante 2 años de la Universidad donde el profesor se formaba), queda pendiente dejar de plantearla como una carrera de obstáculos, suprimiendo por ejemplo la acreditación externa para el paso de Ayudante a la categoría de Ayudante Doctor, una vez obtenido este título. Queda pendiente también la necesaria solución definitiva para la estabilidad del antiguo profesorado LRU, así como una transformación a fondo de la estructura del profesorado, que no puede limitarse a la sustitución de la restrictiva habilitación por un sistema más racional de acreditación basado en méritos para el acceso al funcionariado docente ni a la eliminación del cuerpo docente de no doctores (TEUs): hay que superar la separación de los obsoletos cuerpos de Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad, con las mismas funciones académicas, configurando un Cuerpo Único de profesorado universitario doctor, con promoción interna basada en méritos.

Finalmente, y más allá del enunciado genérico contenido en la LOU, hay que garantizar de forma efectiva una financiación suficiente que pueda hacer realidad la convergencia en un Espacio Europeo de Educación Superior que, además de respetar los rasgos propios y las necesidades de los entornos sociales y locales de las universidades, esté efectivamente centrado en la renovación pedagógica y no en la subordinación a los intereses del mercado, reduciendo dicha convergencia a una declaración de intenciones basada en el voluntarismo del profesorado. Igualmente, hay que garantizar el carácter público de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, suprimiendo la ominosa cláusula introducida en la LOU para facilitar al profesorado su incorporación a empresas para explotar dichos resultados, y cerrando así dicha nueva vía de privatización.

Se trata, en definitiva, de ir más allá de una reforma de la LOU que sólo ha representado un pequeño retoque respecto al grave retroceso que impuso el PP, a fin de avanzar con decisión hacia la Universidad pública que necesitamos en el siglo XXI, por la cual habrá que seguir luchando desde las aulas y desde las instituciones. Para ello es fundamental el reforzamiento de la izquierda, y en particular de IU, en las elecciones generales del 9 de marzo.

Febrero 2008


Aquest article està basat en el programa electoral i en l'article publicat en EL PAIS el 5 de març de 2007 amb el títol de La reforma de la Ley de Universidades: otra oportunidad perdida