Comunicado de los Rectores de las Universidades públicas de Andalucía

 

Los Rectores de las Universidades públicas de Andalucía, ante la presentación del anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades presentado por el Gobierno Central y en su primera lectura, manifiestan:

Primero. Su desacuerdo con el mismo y su rechazo al procedimiento seguido hasta ahora y que se pretende seguir para su conversión en Ley, teniendo en cuenta que ha sido elaborado sin participación alguna de la comunidad universitaria y con plazos que impiden materialmente el necesario debate y la participación reflexiva en el mismo de todos los sectores universitarios y de la sociedad en su conjunto.

Segundo. Que de su contenido se deducen medidas que pueden atentar muy gravemente al principio constitucional de la autonomía universitaria.

Tercero. Que la definición de la carrera docente que se realiza no garantiza la resolución de los problemas que pudiera haber en la actualidad, mientras que puede poner en peligro la necesaria estabilidad y promoción del profesorado de las propias universidades.

Cuarto. Que la definición, aunque muy ambigua, de nuevas formas de acceso a los estudios universitarios atenta contra el principio democrático de igualdad de oportunidades.

Quinto. Que tal y como está formulado el anteproyecto, se pueden deducir problemas de coordinación entre las administraciones públicas central y autonómica y las propias universidades, lo que repercutiría negativamente en la calidad y eficiencia del servicio público universitario.

Sexto. Que el anteproyecto supone un claro debilitamiento del sistema universitario público que contrasta con el fortalecimiento que se deriva del mismo para las universidades privadas.

Séptimo. Que el anteproyecto contempla nuevos órganos de gobierno con competencias en conflicto y en los que no está suficientemente garantizada la necesaria participación de todos los sectores concernidos por el servicio público universitario.

Octavo. Que el anteproyecto no contiene referencia alguna a los problemas financieros de las universidades ni a los que pudieran derivarse de aplicar las medidas contenidas en el mismo.

Finalmente, ha de llamarse la atención sobre la contradicción permanente entre los objetivos enunciados por los responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las medidas arbitradas pretendidamente para hacerlos efectivos.

Por todo ello, y reiterando su rechazo al mismo, reclaman que se establezcan plazos de debate suficientes para permitir el imprescindible debate del anteproyecto que procure el consenso y que impidan que sea elaborado y tramitado al margen de la comunidad universitaria.

 

 

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