PROPUESTA DE VETO

Todos los grupos políticos, han coincidido en la necesidad de proceder a una revisión de la Ley de Reforma Universitaria, a la vista de los cambios experimentados por la sociedad española, de los retos que ésta demanda a las Universidades y viceversa, y de las propias insuficiencias de la LRU tras cerca de 20 años de vigencia.

Pero a la vista del texto que nos remite el Congreso, elaborado a partir del Proyecto remitido por el Gobierno, tres son a nuestro entender las grandes lagunas o errores que detectamos:

  1. Haber hurtado el amplio debate social que debe anteponerse a una Ley de esta envergadura. IU planteó diversas iniciativas en legislaturas anteriores y la última el 6 de junio del 2000, solicitando la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación del Congreso, para analizar la reforma universitaria. Lejos de aceptar tal moción, desde el Gobierno se ha diseñado una "estrategia de calendario y no de "caracol" a partir del mes de mayo, utilizando los meses de verano e imponiendo plazos para dificultar la articulación de alternativas que pudieran surgir de un debate sosegado y riguroso.
  2. Haber olvidado que las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias educativas y que las Universidades gozan de Autonomía. Lejos de diseñar una "Ley de Bases" que permitiera un posterior desarrollo por parte de los Parlamentos de las diferentes Comunidades Autónomas, así como por parte de las propias Universidades. El Proyecto de Ley es centralista, excesivamente reglamentista y en consecuencia atenta contra el principio de autonomía universitaria en nuestra Constitución, olvidando la pluralidad social, lingüística y cultural que convive en el Estado español.
  3. No dar solución, o dar solución equivocada, a los problemas detectados en la aplicación de la LRU. En sentido queremos reiterar que el proyecto:

  1. no cuenta con un plan de financiación de las Universidades Públicas lo que supone dejar al margen de este debate un asunto central, dado el unánime acuerdo existente sobre la insuficiente financiación de la Universidad pública para atender los cometidos que tiene encomendados; máxime cuando España está muy por debajo de la media europea en gasto público para la enseñanza superior e investigación, así como en becas y ayudas a los estudiantes. Hay que denunciar que la Ley (tan reglamentista en otras cosas) no establece procedimiento alguno para asegurar que ningún estudiante quede excluido del sistema universitario por razones económicas a través de las becas.
  2. Tampoco se resuelve el problema del acceso y de la carrera docente del profesorado;
  3. se recorta la democracia interna en los órganos de gobierno de las universidades,
  4. y se mantiene en la incógnita-indefinición-arbitrariedad en el acceso de estudiantes a la Universidad y el trato discriminatorio preferencial a las Universidades Privadas y en especial a las de la Iglesia Católica.

El Dictamen que ha elaborado la Comisión de Educación del Congreso, fruto de la precipitación y de la ausencia de un auténtico debate, introduce sobre el texto inicial diversas modificaciones, que a nuestro entender no solo no mejoran globalmente el texto sino que claramente lo empeoran.

Concretando. Aunque algunas de estas modificaciones abordan omisiones o lagunas importantes que tenía el Proyecto, como puede ser

* el nuevo Título XIII, sobre el "Espacio europeo de la enseñanza superior"

* las nuevas adicionales sobre acceso de mayores de 25 años y titulados de FP ó la integración de discapacitados,

* la estructura de los Consejos de Departamento -art 19-,

* el reconocer como "criterio relevante", al evaluar, la dedicación docente - art 33.4-, etc,

no es menos cierto que la mayoría empeoran el Proyecto:

  1. Respecto a la regulación del Consejo Social, han sido tantos los vaivenes que en este apartado ha dado el Gobierno, que finalmente el Dictamen ofrece una fórmula que se contradice entre lo que se indica en la exposición de motivos (al final del apartado III) y lo que se ha incluido en el artículo 14.3., que da cabida a una mínima representación de la comunidad universitaria en dicho órgano. En esta misma línea de sinsentidos queda sin asegurar la presencia del Presidente del Consejo Social en el Consejo de Gobierno.
  2. Se suprime el punto 3 del artículo 43, sobre política de becas, ayudas y créditos, sin que se incluya en ningún otro sitio del texto de la Ley. Desaparece el punto 4 del artículo 70, que establecía la necesidad de que la relación de puestos de trabajo fuese coherente con las expectativas de realización de una carrera docente, incentivo básico para el profesorado de la universidad pública.
  3. Desaparece el requisito de habilitación para un 25% del profesorado de las universidades privadas, sustituyéndolo por un simple requisito académico, el doctorado (artículo 72.2. ) Frente a eso IU ha mantenido siempre que las Universidades privadas deben cumplir los mismos requisitos que las Públicas. Abundando en esta posición de facilitar al máximo el funcionamiento de las Universidades Privadas, se abre la posibilidad (modificación de la Disposición Adicional 19) para utilizar denominaciones propias de los cuerpos docentes universitarios, lo que abre la vía a que puedan autodenominarse "profesores titulares o catedráticos", sin haber realizado ninguna prueba para ello, creando manifiesta confusión. Mientras la "carrera docente" en las Universidades públicas sigue una sinuosa carretera de montaña plagada de obstáculos, desde este Proyecto se pone a disposición de las Universidades privadas unas pistas rápidas por las que circular.
  4. Se suprime el punto 2 de la disposición transitoria 2ª. Se da en consecuencia marcha atrás en la necesidad de proceder a convocar elecciones a Rector en el plazo de seis meses. Se reconoce así la legitimidad de los Rectores actuales para dirigir el proceso elección del nuevo Claustro para la elaboración de Estatutos con arreglo a la nueva Ley.
  5. La legitimidad que ahora se reconoce a los Rectores, se niega a los Claustros, que perfectamente podían tener encomendada la función de elaborar los nuevos Estatutos. Resulta sintomático otorgar legitimidad al Rector, órgano unipersonal, y negársela al Claustro, órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, cuando éste fue quien eligió a aquél, a tenor de lo dispuesto en la LRU. Esta es la forma que tiene el PP de entender la democracia.

  6. Se elimina el plazo de seis meses que se había dejado en la disposición transitoria 8ª, punto 1, para poder realizar accesos a cuerpos de funcionarios según la LRU. Con ello en la práctica quedan paralizados los concursos de acceso hasta que se desarrollen todas las previsiones que exige el nuevo sistema, desde las que tenga que tomar el Gobierno y Comunidades autónomas hasta las que deben establecer los Estatutos de cada Universidad. Esta medida compromete evidentemente la realización de los acuerdos de estabilización de plantillas que fueron suscritos en su día por el anterior ministro y hoy vicepresidente sr. Rajoy, y cuya vigencia temporal se mantiene viva.
  7. En las Comisiones del Consejo de Coordinación Universitaria se establece un alejamiento entre las de coordinación y la académica, al establecer que los Rectores no pueden acudir a la primera ni los responsables de enseñanza a la segunda, impidiendo así incorporar una perspectiva que en ambos casos sería enriquecedora .

Una reflexión, sobre la contestación social al Proyecto. En este sentido cabe señalar que la oferta de la Srª Ministra de Educación en el Congreso, una vez rechazadas las enmiendas de devolución, y cuando la Comisión de Educación iba a estudiar las enmiendas parciales al Proyecto, cuando manifestaba ante el Pleno de esa Cámara, el 27 de septiembre, que esperaba que con espíritu abierto se estudiara el Proyecto y sus enmiendas, para mejorarlo. La Comisión de Educación despachó este importante trámite sin que el PP haya permitido las comparecencias planteadas por los distintos grupos para adquirir mayor conocimiento de causa de la realidad sobre la que se está legislando, y dedicando una sesión maratoniana al estudio de las cerca de ochocientas enmiendas - ha tocado a minuto por enmienda - imposibilitando que se produjera el necesario debate de aproximación de posiciones para elaborar un dictamen más integrador.

Esa actitud ha sido detonante de un crecimiento exponencial en las movilizaciones de todos los sectores de la comunidad universitaria por todo el territorio del Estado, que ante el texto del Proyecto y la total ausencia de voluntad para llegar a ningún acuerdo de modificación, piden al unísono la retirada del mismo.

    1. Los encierros, declaraciones institucionales, acampadas, manifestaciones..., en las que participan miembros de todos los estamentos afectados, desde Rectores hasta estudiantes de Bachillerato, se multiplican por doquier y la incapacidad del Gobierno y del Ministerio, para tratar de superar esta dialéctica es clara, al intercalar declaraciones en las que se acusa a la comunidad universitaria de mantener posiciones gremialistas, ó falsamente progresistas, en una actitud de soberbia mal disimulada,
    2. con falsos "cantos de sirena", de que están dispuestos ahora en el Senado y paralelamente a sus trabajos, a intentar buscar consensos
    3. con batallas sobre "guerra de cifras", en las que tratan de desvirtúar el alcance de las movilizaciones con cómputos como el del Secretario de Estado Sr. Iglesias de Ussel, "se manifestaron 61302 personas" , que además de no ser reales, invalidan científicamente a quien emite un tal mensaje, por el desconocimiento que deja traslucir sobre precisión error y redondeo.
    4. Además entrar en estas dinámicas puede convertirse en un "boomerang". Como recordaba un medio de difusión nacional el 18 de noviembre, en un informe sobre el movimiento estudiantil, menor fue el número de manifestantes que a la postre habría conducido a la dimisión en su día del Sr. Maravall."

    5. con declaraciones de máximos dirigentes del Partido Popular que, a falta de argumentos, se limitan a acusar de "retrógrados" y "cavernícolas" a los grupos políticos que no comparten su proyecto.

 

Por otra parte el comienzo de su andadura en el Senado de este Proyecto de Ley, repite miméticamente lo ocurrido en el Congreso : denegación de comparecencias y plazos precipitados.

Por todo lo anterior, por el texto inicial en sí mismo, por las modificaciones desfavorables que ha sufrido, por las circunstancias de su elaboración, y por el amplio rechazo social que está recibiendo, no podemos sino presentar esta propuesta de veto.